REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
22 | 09 | 2019
   

Arca de Noé

Criterios éticos individuales y pautas profesionales del informador


Cirilo Gilberto Recio Dávila

La seguridad en sus propias capacidades permite al periodista dar respuesta al acontecimiento. Son sus propias capacidades y su condición de sujeto lo que mantiene al informador en posibilidad de reaccionar ante una noticia. Por esta afirmación de su persona puede poner en movimiento su esfuerzo y energía para reflejar y dar a conocer el suceso del que es testigo. Esta misma confianza en sus habilidades y capacidades intelectivas y emotivas, hace que el informador mantenga los pies sobre la realidad y contemple los hechos con la ecuanimidad suficiente para no perderse en el intrincado laberinto de criterios a los cuales debe enfrentarse cotidianamente.
Puede así respaldar los resultados de su trabajo con la confianza de realizarlo con profunda convicción. Asimismo, en la circunstancia del cuestionamiento, el profesional de la información apelará a sus conocimientos y capacidades, inherentes y adquiridas, en relación con aspectos que implican directamente la ética profesional como son: a) el secreto profesional, b) el libre acceso a la información (o el derecho a la información), c) el derecho de réplica, d) el derecho a la intimidad y privacidad, e) la cláusula de conciencia, f) el derecho de autoría, así como g) el derecho a que sea respetada su integridad física y moral.
Estos aspectos de las responsabilidades del informador se encuentran prescritos por el derecho jurídico. Así por ejemplo, el derecho al secreto profesional periodístico ampara al profesional de la información para negarse a revelar sus fuentes o datos de sus labores a cualquier autoridad institucional, jurídica, policial, gubernamental, parlamentaria o laboral con base en la salvaguarda de su integridad física o moral y la de sus fuentes de información. Las reformas que se hicieron en nuestro país en 2005 al artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, y a la fracción 29 del Artículo 225 del Código Penal Federal, parten de las nuevas prescripciones sobre el derecho al acceso a la información. Este antecedente es importante porque el acceso a la información tiene un reconocimiento como derecho humano fundamental, por lo tanto, es de superior categoría a los derechos civiles, que emergen de la convención social, de los acuerdos que rigen los tratos entre particulares.
Sin embargo, es necesario apuntar que la redacción de la ley sobre el derecho al secreto profesional en México carece aún de elementos precisos. El comunicador ha de ser consciente, entonces, de que muchas de las armas legales para atender el universo de los fenómenos mediáticos se encuentran entrampadas en decisiones verticales, todavía sujetas a la discreción de funcionarios menores o a burocracias que solamente son sensibles a los reclamos de sus propios intereses. Como lo indica Luis Moral Padilla, investigador y académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el libro La era digital compilado por Jorge Nieto Malpica1, la ley es omisa en cuanto a definir al profesional de la información. Por añadidura, tampoco tiene precisiones que indiquen que lo que se protege es la fuente informativa y no una información falsa.
Desde luego que no se trata de exponer en estos apuntes todas las realidades que involucran al sistema legal que tiene que ver con la información, la comunicación y la ética. Lo que interesa aquí es establecer la relación entre las pautas de valoraciones éticas personales y los valores propios del desempeño profesional. No se busca un texto especializado en la ley, dado que existe abundante material sobre los marcos legales de la comunicación, sino que se intenta ofrecer al lector un panorama que le permita asumir con suficiencia el oficio periodístico si es el caso, o discernir las realidades que enfrenta el proceso de la información, si solamente está interesado en el tema.
Por otra parte es común que el informador —individualmente— conforme la parte del engranaje más débil dentro de la enorme estructura de medios de comunicación masiva corporativa e impersonal. El reportero, el fotógrafo, los locutores, quienes laboran en los medios de comunicación, están inmersos en una realidad laboral que les condiciona desde muchos puntos: la empresa mediática, la sociedad civil, el medio institucional, sus fuentes informativas. Al mismo tiempo su derecho al trabajo se encuentra en entredicho porque existe una discrecionalidad en los medios sobre los horarios, las coberturas especiales, la remuneración de colaboraciones externas, que están en desproporción con los recursos que los propios medios manejan dentro del esquema de tabuladores de publicidad o propaganda. De modo que las leyes de protección al periodista no solamente deben considerar lo que respecta a los peligros físicos que enfrenta y al ejercicio de la libertad de expresión, sino también la vulnerabilidad de los informadores en el campo de su dignidad profesional.
Observamos que el secreto profesional, el acceso a la información, el derecho de réplica, el derecho a la intimidad y privacidad, son aspectos que corresponden a las responsabilidades del comunicador para con la sociedad, su medio y sus fuentes informativas. Por otro lado, la cláusula de conciencia —por la cual el periodista puede negarse a tratar un asunto por incompatibilidad con sus convicciones—, el derecho de autoría —que se refiere al pago que merece por sus colaboraciones— y el derecho a que se respete su integridad física y moral —que incluye el derecho al trabajo— corresponden a las prerrogativas morales que deben cubrirle desde su propia empresa, pero también por parte de las autoridades de gobierno.
Bajo este contexto sobresale la legislación reciente en México para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se trata de una ley de orden público, interés social y observancia general. Plantea una cooperación entre la federación y estados para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que están en riesgo debido a la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Por los días en que se prepararon estos textos, específicamente el 22 de julio de 2012, apareció a la luz pública un diferendo entre comunicación social de la Presidencia de la República y la empresa MVS de radio y televisión.
Alude a una información que presentó la conductora Carmen Aristegui de MVS en febrero del 2011, donde señalaba que el presidente Felipe Calderón debía deslindarse de una manta que lo presentaba como un alcohólico. Tras una serie de dimes y diretes entre MVS y Comunicación Social de Presidencia, Aristegui fue restituida en su puesto. Empero, diecinueve meses después, en agosto de 2012, el conflicto vuelve a la luz pública porque se encuentra en el centro de una licitación por las participaciones de banda ancha de 2.5 GHz, que le permitirían a MVS mayores posibilidades de desarrollo empresarial. Joaquín Vargas el directivo de MVS, adujo que enfrentó presiones de Los Pinos para despedir a Aristegui. Sin embargo, cuando se hizo pública la manera en que se dieron estas supuestas presiones, quedó en claro que Vargas solicitó la opinión del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de la directora de Comunicación Social de Los Pinos, Alejandra Sota, para redactar la carta de disculpas de Carmen Aristegui. Este hecho afectó la calidad moral de la comunicadora, porque la empresa estaba en la posición justa para defenderla en su derecho de informar. Como lo expresó Raymundo Riva Palacio —aludiendo con atingencia al protagonista de la película Ciudadano Kane de Orson Welles, que retrata al empresario periodístico norteamericano Randolph Hearst—, en un artículo que apareció en la prensa nacional, “estas actitudes en un dueño de medio vulneran la solidez y la credibilidad de su colaborador y reduce sus espacios de libertad, al mostrar que la lealtad del propietario no está con sus periodistas, sino con la autoridad”.2
Independientemente del derrotero que seguirá este caso particular, el hecho es que ilustra con claridad la relación entre el informador, la empresa, la sociedad y el poder político. Cuando la empresa mediática obedece a sus propios intereses y deja de lado su calidad de servicio público, sus trabajadores se convierten entonces en peones de un juego de poder. Pero entonces, las funciones de informar, divulgar, difundir, orientar al usuario de los medios y la sociedad, se pierden. Bajo los conceptos que desarrolla Alejandro Guerrero sobre los medios y la transparencia, las atribuciones de los medios de informar, crear el debate público y vigilar a favor de los ciudadanos, no se pierden en este caso específico porque existe un entramado de medios en competencia que dan cuenta de lo ocurrido desde otros enfoques. De modo que la información deja de ser unilateral y el debate se produce gracias a que otros comunicadores monitorean el asunto. Pero la calidad moral de MVS quedó, por lo pronto, en entredicho.
Reflexionemos ahora acerca de la distinción entre ética y legalidad. Los aspectos que hemos enumerado, así como el ejemplo que presentamos, involucran tanto a la ética como al derecho de manera diferente en cada campo. El terreno ético es interior, corresponde a la conciencia, al entendimiento, a valores inherentes a la persona, en tanto que el derecho —el marco legal— refleja las leyes que han alcanzado ese estatus por jurisprudencia. Aunque cada uno de estos medios tiene puntos de contacto con los otros, su diferenciación es imprescindible, dado que es la base de la comprensión del ámbito individual y de la esfera de lo público.
Aquello que el individuo se permite a sí mismo interiormente —en su pensar, sentir, soñar o idealizar— no siempre merece una aceptación convencional y social. Para Jean Jaques Rousseau, el contrato social se origina de la libertad de los hombres que disponen que la suma de sus libertades se dirija al bien común. De ese modo eligen deponer parte de su libertad para garantizar las libertades comúnmente aceptadas por todos. En el capítulo VI de El contrato social Rousseau establece: “[…] es necesario que haya contratos y leyes para unir los derechos a los deberes y conducir la justicia a su objeto. Las leyes no son realmente sino las condiciones de la asociación civil. El pueblo sumiso a las leyes debe ser sumiso a las mismas”. Señalo este referente para poner de relieve cómo las responsabilidades y funciones de los medios de comunicación se encuentran precisamente en el centro de dos mundos: el servicio a la sociedad y la obediencia a la ley. En teoría, por lo tanto, no debe haber conflicto entre su libertad de expresión y sus funciones de servicio público, porque de la obediencia a la ley deriva el bienestar colectivo. Pero los problemas comienzan a aparecer cuando los medios obedecen más a sus propias miras en demérito de sus funciones.
Por estos motivos es necesario que los criterios de desempeño profesional del informador y las pautas profesionales de los medios mismos, se complementen con las leyes de transparencia, así como con las nuevas concepciones sobre derechos humanos de tercera generación que superan, por mucho, las teorías de las garantías individuales, aún presentes en la Constitución Mexicana, que implican: derechos ambientales, derecho a la salud, a la educación, al bienestar, al acceso igualitario de oportunidades. Al tomar en cuenta estas nuevas valoraciones del acuerdo de la convivencia humana, los medios y los informadores pueden ampliar el rango de su actuación pública, ir más allá de las miras que implican solamente el beneficio mercantil o el desarrollo de su poder. Es decir dejar de servir a una ética de la información como mercancía para pasar a una ética de información como materia del conocimiento, la convivencia y el desarrollo social.3
Las leyes tienen esa función de homologar las expresiones de la sociedad, en tanto conjunto de individuos, con una amplia gama de universos interiores. De nuevo sucede que las autoridades y los encargados de la aplicación de la ley, las burocracias y el poder del Estado, generan en los hechos una relación con los medios de comunicación que no siempre es tersa. Esta relación se determina por numerosos condicionantes; la compraventa de publicidad es uno de los más patentes entre el poder público y la prensa escrita y electrónica. Es verdad que ha pasado ya la época en la que un mandatario en México amonestaba al periodista con frases como “no te pago para que me pegues”. También es cierto que alguien como Jacobo Zabludowsky perdió ya, desde hace un par de décadas, el carácter de ser prácticamente la única voz que daba cuenta de las realidades informativas del país.
Pero los cambios que han ocurrido en materia de apertura de canales informativos tienen implicaciones más sutiles. La comunicación pública pasa ahora por un tejido de complicidades y corrupción difíciles de trazar con precisión. La proliferación de medios y el poder que estos han alcanzado para influir con lo que equivocadamente se llama opinión pública, y que, en realidad, es la influencia sobre amplios sectores sociales, ha generado medios que informan a su conveniencia y la competencia entre estos, en vez de servir al interés público, sirve a los intereses propios utilizando a sus auditorios como carne de cañón y como chantaje hacia el medio institucional. Los medios retan al poder bajo la premisa de que son los que garantizan el derecho del ciudadano a estar informado, pero manipulan al ciudadano presentándole la realidad bajo la óptica de su conveniencia. Abundan ejemplos sobre el tema; la forma en que se desarrollan las campañas de proselitismo político electoral es uno de los más evidentes. Es patente también en las masivas convocatorias para promover alguna causa que favorece a las empresas mediáticas bajo los más diversos pretextos; desde el altruismo hasta el bien común para modificar leyes. Se pasa así por encima de las estructuras constitucionales de una democracia representativa.
En el libro Tiempo de saber. Prensa y poder en México de Julio Scherer y Carlos Monsiváis4 se observa un planteamiento semejante al que se propone en estas páginas. “La opinión pública”, dice Monsiváis citando a Walter Lippman, “es una abstracción que utiliza el poder y los medios de comunicación para servir a sus intereses”. Nada es tan volátil y poco consistente como una opinión pública generalizada y uniforme, lo que en realidad existe es una sociedad con múltiples puntos de vista y hacerse eco de una opinión pública única, perdurable y constante, es una ilusión o una manipulación de lo que en realidad existe. Monsiváis se refiere en dicho estudio al efecto de la mercadotecnia y la publicidad sobre las campañas políticas —específicamente a la de Vicente Fox— y abunda en ello: “[…] la prensa debe enfrentarse a diario a la visión de pueblo, nación, comunidad y público trazada por los publicistas. Desde hace unos años a la demagogia la sustituyen las trampas de la puerilidad profesional y es cuestión ardua seguir confiando en el lenguaje de la crítica.”
Las pautas profesionales de los medios y los criterios éticos personales se encuentran entonces con un muro de realidad que rige su actuar, su conducta frente a la sociedad. Por una parte está la ley que establece el bien común, pero que no se cumple más que en forma condicionada, como chantaje al poder, y por otra parte están las miras particulares de los medios a las que estos sirven sin importar su relación con los ciudadanos. Esto tiene efectos sobre las funciones que se suponen para el ejercicio de la libertad de expresión y sobre la información que se proporciona al público.
La sociedad recibe una información interesada de origen y deja de recibir la oferta informativa que le sirve v.g. se señala la apertura del puente vehicular, pero se omite que fue elaborado con materiales de segunda para ahorrar presupuestos. En consecuencia, meses después, los mismos medios documentan que el nuevo viaducto presenta serias deficiencias estructurales evidentes a simple vista. Si la sobreabundancia de información de otras latitudes, que es totalmente innecesaria, excepto para fines publicitarios como puede ser el nuevo vestido de Angelina Jolie, ya provoca que exista un vacío de espacio para la información importante. El hecho de que ahora los medios reaccionen solamente a lo que les proporciona beneficios engendra un monstruo, un parásito informativo que secuestra las iniciativas sociales.
Al respecto, el politólogo Giovanni Sartori argumenta que los ciudadanos han perdido la capacidad para recibir una adecuada orientación de los líderes de opinión. Mientras que la información se realizaba a través de la prensa escrita, el equilibrio entre las opiniones institucionalizadas y las del ciudadano común tenían la garantía de una prensa libre y múltiple. En tanto irrumpen los medios electrónicos, la naturaleza de la formación de la opinión recae sobre los individuos a los cuales la imagen proporciona autoridad frente al público. “El éxito en los medios —dice Sartori— vale como certificado de capacidad profesional”5. Una persona que no tiene trayectoria política puede ocupar alguna posición en el gobierno porque en cada uno hay un funcionario en potencia. Por esto es que los partidos en muchas ocasiones recurren a las celebridades para asegurar la victoria en las campañas electorales.
Todas estas situaciones que observamos sobre la relación que se produce entre el poder público y el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios que involucran al acceso público a la información, al derecho que tiene el ciudadano a conocer y saber de los asuntos que le conciernen. Pero en este apartado también se patentiza otra realidad en la cual los informadores tienen un protagonismo singular. Sabemos bien que distinguir entre lo privado —lo íntimo, lo más personal— y lo colectivo —lo público, común o social— es una de las condiciones más importantes en el ejercicio de la actividad informativa.
El respeto de la privacidad, el derecho a la intimidad, son cuestiones de un enorme valor en el interés público. Este aspecto de la vida humana emerge en la Declaración de los Derechos Humanos en su Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Sin embargo, la expansión de los medios de comunicación y de información masiva tiende a diluir este concepto.
La fama pública, la celebridad de parte de figuras del arte, la política o de cualquier otro campo, condicionan en ciertos momentos un actuar periodístico intrusivo en situaciones estrictamente privadas y personales. Las normas legales establecen, en estos casos, criterios para resolver una situación específica. Sin embargo, casos concretos hacen ver la insuficiencia de la norma. Así lo ejemplifica la muerte de la princesa Diana de Gales en un accidente automovilístico en el que viajaba con Dodi Al Fayed, en París el 31 de agosto de 1997; la pareja era seguida por un grupo de paparazzi, los periodistas que se especializan en cazar noticias de las celebridades. El asunto casi no requiere comentario para ilustrar una situación extrema en que la intrusión del “profesional de la información” puso en riesgo no solamente la integridad moral de los individuos sino que contribuyó en gran medida a su trágico desenlace. En 2008, luego de una amplia investigación se responsabilizó del accidente al chofer y a los periodistas que los perseguían. Las versiones de que la princesa hubiera sido víctima de un homicidio deliberado fueron desacreditadas por un jurado especial.
En cualquier modalidad de la actividad informativa —ya sea en el terreno de la noticia política, en el ámbito cultural o en la difusión de un determinado hecho, como puede ser un accidente automovilístico— es necesario que el informador considere la pertinencia ética de lo que va a difundir. Tomará en cuenta, sin duda, el interés público, pero también deberá percibir, con base en su criterio deontológico, las situaciones estrictamente privadas. Al considerar y valorar las posibles implicaciones y afectaciones a particulares, seleccionará entonces la información con un criterio de servicio y descartará los puntos que puedan afectar el área íntima del protagonista de su información.
Dentro de este contexto, es valioso lo señalado por Juan Beneyto Pérez en su libro Conocimiento de la información:
La deontología es el tratado de los deberes y derechos. Desde principios del decenio de 1920, se vienen codificando normas deontológicas aplicables a los medios de comunicación social. Los códigos de ética, según la UNESCO y de acuerdo a consultas internacionales, persiguen estos objetivos:
a) Protección de los consumidores de los medios y del público en general.
b) Protección de los periodistas e informadores.
c) Protección de los redactores y del personal que asume la responsabilidad legal de publicar y difundir.
d) Definición de las responsabilidades de los propietarios o accionistas y de los gobiernos que están en condiciones de desempeñar o regular actividades de comunicación de masas.
e) Protección de los anunciantes y de todos los que compran servicios de comunicación social.
La persona que se convierte en sujeto de fama o celebridad es particularmente vulnerable a la intromisión en su ámbito privado. Por ello es prudente que el informador esté consciente de estos objetivos o propósitos generales indicados como principio de las normas deontológicas de la actividad informativa.
La celebridad o fama pública —que podemos precisar como el reconocimiento público de un personaje por parte de una gran cantidad de gente a quienes esta personalidad no conoce— se ha convertido en uno de los fenómenos que mejor demuestran los problemas del derecho a la privacidad. Aunque es verdad que la figura célebre deriva de su fama un beneficio personal, también esta situación le sujeta a riesgos que escapan de su control. En este aspecto, los informadores pueden asumir una responsabilidad específica al comprender las situaciones particulares de quienes viven el trance de la celebridad.
Un aspecto relacionado directamente con los fenómenos derivados de la celebridad es el secreto profesional al que nos hemos referido. El periodista, por lo común, se percibe socialmente como un personaje con acceso a información considerada confidencial. De ahí que en cierta circunstancia maneje datos y conocimientos acerca de una figura pública que podrían colocar a tal personalidad en una posición difícil. La aplicación del secreto profesional prescribe que los datos que una persona da a conocer a un informador, sólo son susceptibles de divulgarse y difundirse públicamente si existe un consentimiento explícito.
En este punto detengámonos un momento a considerar la intimidad personal cuando ésta entra en relación con la libertad. La privacidad, la intimidad, es la condición que proporciona una atmósfera interior y exterior personal e intransferible —a menos que se intente deliberadamente extenderla hacia un tercero— por la cual las acciones, pensamientos, ideas, actitudes y relaciones se encuentran en una esfera particular al individuo o a un grupo de personas. La privacidad se encuentra enlazada con la libertad. Al sentirnos en un ámbito personal, privado, se descubre el camino para el ejercicio y uso de las propias capacidades. En la intimidad puede encontrarse el valor de la libertad. Sin las ataduras de los requerimientos sociales, sin el agobio de las fronteras valorativas de una tercera persona, en la intimidad la persona da rienda suelta a sus propios deseos e impulsos con una libre voluntad no regida por normas y reglas. Aunque estas son aprendidas y por lo tanto sujetas a una valoración consciente, también se trata de reglas contingentes, impositivas en mayor o menor medida.
Es pertinente considerar esta vinculación entre libertad y privacidad en el oficio periodístico, porque el informador está en constante relación con la expresión de diferentes formas de proceder, actitudes con distintos criterios, modos diversos de considerar lo permisible ante la persona misma o ante la sociedad, maneras variables de tomar en cuenta lo particular y lo colectivo, común o público. Además las leyes establecen también un parámetro más de esa libertad individual permisible o inaceptable socialmente. Por estos motivos el periodista procederá con cordura y prudencia cuando admita en su preparación profesional tanto el conocimiento de las leyes sobre esta materia, como en la medida en que aplique ese añejo precepto que delimita la libertad exactamente en el punto en el que comienza la libertad del otro, es decir, el principio del respeto a las atribuciones de un tercero.
Recordemos aquí lo que nos dice el filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez en su libro Ética6: “[…] la tesis de que la ignorancia exime la responsabilidad moral tiene que ser precisada, pues hay circunstancias en que el agente ignora lo que pudo haber conocido, o lo que estaba obligado a conocer. En pocas palabras, la ignorancia no puede eximirle de su responsabilidad, ya que él mismo (el individuo) es responsable de no saber lo que debía saber”.
Conviene señalar en este punto que dentro de la jurisprudencia el desconocimiento de la ley no impide su aplicación. Este principio permite que quien infringe la legalidad por ignorancia pueda conocer la existencia de tal norma legal. Por otra parte, y como nos indica Sánchez Vázquez en la obra citada, “[…] el valor de la ética como teoría está en lo que explica, y no en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones concretas”.7
Es decir el campo ético es explicativo, teórico, de investigación, en tanto disciplina, mientras que el ámbito del derecho es, evidentemente, prescriptivo, normativo. En cuanto a las consideraciones de la intimidad y la celebridad, conviene entonces tomar nota del enorme valor de la discreción como cualidad, condición o característica de ese acervo ético individual de cada informador. A pesar de la relevancia de este valor personal en el desempeño profesional, es inadecuado considerar este aspecto tan importante como la protección de la intimidad, de la privacidad, en especial de personas famosas, sólo bajo la discreción personal. En este sentido la Ley sobre Protección de Datos en Posesión de Particulares que se aprobó en México en abril del 2011, tiene particular importancia; esta ley tiene como propósito general salvaguardar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, es de observancia general y aplica en toda la República.
En tanto la discreción forma parte del individuo, por lo que tiene variables grados de expresión de una persona a otra, es necesario, en aras de integrar un mejor criterio deontológico, complementar mejor esa cualidad interior con esquemas más amplios de aplicación profesional. No es suficiente la sola discreción personal para proteger a la fuente informativa para garantizar el secreto profesional, para evitar daños a la reputación pública de las personas o hasta afectaciones físicas y materiales y, en general, para que la difusión noticiosa tenga un nivel óptimo de expresión ética. Es necesario por tanto aplicar formulaciones deontológicas expresas del medio de comunicación frente al público y regir su comportamiento con base en la ley vigente. La publicación de estas consideraciones por los medios es una de sus responsabilidades básicas. Vale considerar la máxima de oro de las relaciones humanas, expresada bajo diferentes formas y modalidades en distintos contextos culturales: no hacer a los demás aquello que no deseamos para nosotros mismos.

La era digital. Primer Congreso Internacional de Comunicación. Nieto Malpica, et all. Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2009.
2 “Citizen Joaquín”, Riva Palacio, Raymundo, El Informador de Guadalajara, 23 de agosto, 2012.
3 Ver, si desea abundar en estos conceptos, lo que corresponde a la justicia como imparcialidad del filósofo norteamericano John Rawls (justicia como igual libertad, principio de igualdad de oportunidades y principio de diferencia).
4 Tiempo de saber. Prensa y poder en México, Scherer, Julio y Monsiváis, Carlos, Editorial Nuevo Siglo, Aguilar, México, 2003.
5 Homo Videns. La sociedad teledirigida, Sartori, Giovanni, Editorial Taurus, México, 1998.
6 Ética, Sánchez Vázquez, Adolfo, Grijalbo, México, 1968.
7 Ibid.