REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
24 | 07 | 2019
   

De nuestra portada

Los asesinatos de periodistas y la indolencia oficial


Benjamín Torres Uballe

México se ha movido a lo largo de su historia entre intentos ocasionales ––serios, algunos de ellos–– por adentrarse en una democracia real, y la abyección del desdén mostrado por el gobierno no sólo para construirla sólidamente, sino por lo menos evitar que se deteriore la existente.
Cualquier nación que se precie de vivir en democracia sabe que debe trabajarla día a día mediante acciones que garanticen la solidez y permanencia; entre éstas se encuentra el derecho a estar informada ––bien y oportunamente––, lo cual incide de forma directa en el desarrollo y progreso de una sociedad.
Cabe resaltar que, para que los habitantes conozcan de manera precisa, objetiva y oportuna las acciones de quienes ejercen los actos de gobierno, es necesaria la tarea fundamental de los medios de comunicación.
Para ello, quienes ejercen dicha labor deben contar con todas las garantías para ejecutarla, pues cuando el estado incumple, obstaculiza e incluso la agrede, se convierte en motor de la perversión y termina por erosionar el estado de derecho de la entidad o del sujeto que lo permite.
El cobarde asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz es una mancha más a la ya de por sí cuestionada y frágil democracia mexicana (la democracia perfecta, a decir de Mario Vargas Llosa).
Las sospechas y cuestionamientos al Estado mexicano por la muerte del comunicador en Veracruz han arreciado y lo ubican en una situación precaria ante la comunidad internacional en materia de respeto a la libertad de expresión, así como en derechos humanos.
Gobiernos llegan y se van, y con ello también periodistas son sacrificados sin que pase algo para evitarlo, mientras el panorama se agudiza. La realidad es que continúan cayendo periodistas ante la ineficacia ––¿o tolerancia?––; la lista es muy extensa. Tan sólo en Veracruz, de acuerdo con una nota publicada por El Universal el pasado miércoles 12 de febrero, se detalla que del 31 de octubre de 2005 al 2014 han sido asesinados once comunicadores.
Es imposible pretender transmitir una imagen de nación desarrollada cuando no existe respeto alguno a la libertad de informar, de criticar y de proponer.
Las mordazas son pesadas e ignominiosas rémoras para cualquier gobierno y terminan por revertírseles con altos costos sociales, políticos y económicos.
Una vida dedicada a la noble tarea de comunicar e informar fue brutalmente cegada por los sicarios del oscurantismo y la intolerancia, subordinados a quienes están interesados en acallar las ideas y voces de la sociedad mexicana que cada vez es más incisiva, crítica y participativa.
Nuestro país padece severas carencias ancestrales, y la justicia es la mayor de ellas. Hasta el día de hoy existen muchas familias de periodistas asesinados que esperan inútilmente ––quizás lo hagan en vano— a que les hagan justicia.
De muy poco sirve, para engrandecer a México, cualquier reforma constitucional si antes no se subsanan la dignidad, el hambre ––hambre también de justicia, como lo dijo Colosio—, educación y sobre todo la justicia.
La palabrería de los políticos, que únicamente ofende y agravia más a las familias de las víctimas, debe ser dejada de una vez y para siempre en el cesto de la basura.
Las autoridades están obligadas inexcusablemente a prevenir estos actos de barbarie en contra de los profesionales del periodismo, no a dedicar ofensivas conferencias de prensa para justificar su negligencia, incapacidad y no en pocos casos tal vez su complicidad.
Leyes de relumbrón que se aprobaron para la dizque protección de los comunicadores, ––de acuerdo con los hechos–– simplemente son letra muerta, las cuales en su momento sólo sirvieron para el lucimiento mediático de ciertos legisladores.
La noticia del crimen de Jiménez de la Cruz dio la vuelta al mundo instantáneamente y fue condenado por organismos internacionales, entre ellos el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como infinidad de ONG.
La república mexicana hace mucho tiempo que se volvió una nación muy peligrosa para la labor periodística, socavando en consecuencia la incipiente y ya de por sí vapuleada democracia.
¿Qué estará dispuesto a hacer el presidente Enrique Peña Nieto para poner fin a ese flagelo infernal que lo exhibe a nivel internacional?
¿Estará en su proyecto de gobierno propiciar mejor libertad de expresión?, o ¿permanecerá como observador esperando que el tiempo sea la mejor solución?
Por lo pronto, este día un hogar está de luto viviendo una pesadilla y en la más negra de las desesperanzas, escuchando falsas promesas y declaraciones inmorales de que esta vez sí caerá todo el peso de la ley de forma implacable sobre los culpables… igual que en todos los casos anteriores.

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