REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
23 | 07 | 2019
   

Apantallados

Moviola en su laberinto - La lucha feminista en México


Alonso Ruiz Belmont

Buena parte de los influjos modernizadores más destacados que la sociedad mexicana ha experimentado en los últimos sesenta años, como la progresiva erosión de la hegemonía cultural patriarcal, el avance de la secularización y el fortalecimiento de una cultura política democrática, no habrían sido posibles sin la influencia decisiva que los movimientos feministas en México ejercieron durante la segunda mitad del siglo veinte. Ningún orden político que se halle sustentado en los valores de la pluralidad, la tolerancia y el respeto a las libertades individuales puede funcionar plenamente sin la desaparición de cualquier barrera de género a la participación ciudadana en los asuntos electorales y en la vida social. Es por ello que actualmente, la presencia de las mujeres mexicanas en la toma de decisiones políticas y en posiciones de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado, se observa con atención para valorar las principales conquistas que los movimientos feministas han conseguido tras varios años de activismo y lucha permanente en nuestro país.
El respeto a los derechos políticos de las mujeres mexicanas a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país es abordado de forma brillante en el documental Las sufragistas (2012) de la cineasta Ana Cruz Navarro. La cinta de Cruz hace una descripción ágil y sencilla sobre la historia del feminismo en México, desde el ascenso de la facción revolucionaria constitucionalista en 1915 hasta la actualidad. De igual modo, se incluyen entrevistas con mujeres que han incursionado exitosamente en la política, como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; Amalia García, exgobernadora de Zacatecas; Dulce María Sauri Riancho e Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadoras de Yucatán; Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora de Tlaxcala y Rosario Robles Berlanga, exJefa de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, el eje de la cinta se halla estructurado en torno a la historia de Eufrosina Cruz Mendoza, una indígena zapoteca originaria del municipio de Santa María Quiegolani en el estado de Oaxaca.
En 2007, Eufrosina Cruz desafió las leyes municipales que imperan en Santa María y el resto de los 418 municipios indígenas de Oaxaca, conocidas como “usos y costumbres”. Bajo dicho régimen, la elección de los ayuntamientos en esas zonas se rige bajo las tradiciones locales (marcadas por el peso de la autoridad patriarcal) sin la participación de los partidos políticos. Eufrosina se postuló como candidata a la Presidencia Municipal de Santa María Quiegolani en las elecciones que tuvieron lugar el 4 de noviembre de aquel año y ganó la elección. Sin embargo, dado que el régimen de “usos y costumbres” no permitía a las mujeres votar ni postularse como candidatas a ningún puesto, su triunfo fue anulado por la Asamblea Municipal y su puesto fue ocupado por Eloy Mendoza Martínez.
Desde aquel momento, Eufrosina Cruz inició una serie de protestas nacionales e internacionales para buscar el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres indígenas en los municipios regidos bajo el sistema de “usos y costumbres”. En 2010, Cruz Mendoza fungió como candidata a diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) bajo la fórmula electoral de representación proporcional. Tras la elección de Gabino Cué Monteagudo como nuevo gobernador de Oaxaca, Eufrosina Cruz se convirtió en la primera mujer indígena electa para presidir el Congreso local y el 14 de diciembre de ese mismo año fue designada coordinadora de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Durante su gestión como diputada, Cruz Mendoza consiguió la aprobación de una reforma en el artículo 25 de la Constitución del estado que reconoció el sufragio efectivo de las mujeres en todos los municipios indígenas de Oaxaca. La violación a esta norma conlleva la anulación de cualquier elección. Eufrosina Cruz se propuso llevar su iniciativa al Palacio Legislativo de San Lázaro para incluir el reconocimiento al sufragio femenino de todas las mujeres indígenas en la Legislación Federal. En 2012, esta mujer zapoteca obtuvo una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ha continuado en su defensa de los derechos políticos de las mujeres para todas las etnias del país.
El caso de Eufrosina Cruz Mendoza reviste especial importancia para Ana Cruz ya que demuestra que, a más de cincuenta años de haberse reconocido el sufragio femenino en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las mujeres en nuestro país siguen enfrentando aún numerosos obstáculos para el reconocimiento pleno de sus derechos políticos y para acceder a posiciones de liderazgo que les permitan participar de forma equitativa en la vida pública nacional.
Los impulsos reformadores que desata el inicio del conflicto revolucionario fueron decisivos para que el triunfo de la facción constitucionalista abriera nuevos espacios de expresión política para las mujeres en nuestro país, si bien las reivindicaciones en pro de la equidad de género en México habían comenzado desde fines del siglo XIX. Durante el periodo de la hegemonía constitucionalista, las primeras reivindicaciones de corte feminista fueron encabezadas por Hermila Galindo. En 1915, Galindo fundó el semanario La mujer moderna, dicha publicación se pronunciaba a favor del sufragio femenino y de la igualdad educativa para mujeres y hombres. Asimismo, en La mujer moderna se convocaba a todas las mujeres a adherirse a la facción encabezada por Venustiano Carranza.
Todavía bajo la hegemonía de la facción constitucionalista, en diciembre de 1916 el gobierno de Yucatán organizó dos congresos feministas en los cuales participaron profesoras de educación primaria de aquel estado. En dicho congreso, las yucatecas reivindicaron la divulgación de la educación laica y racional en el proceso educativo, así como la incorporación de las mujeres al proceso de modernización económica en tareas que fuesen compatibles con su papel de madres y amas de casa. A diferencia de las posiciones defendidas por Galindo, el feminismo yucateco no se pronunció en favor de la igualdad de los derechos ciudadanos para las mujeres. El Congreso Constituyente de 1917 tampoco incorporó el derecho al sufragio femenino dentro de la nueva carta magna.
Durante los años treinta, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, quien inicialmente se había mostrado dispuesto a reformar el marco constitucional para otorgar el voto a las mujeres, decidió finalmente no promulgar la ley correspondiente. Las historiadoras entrevistadas por Cruz Navarro plantean que el ascenso electoral de la derecha en España, previo al estallido de la Guerra Civil en aquel país, estuvo influenciado por un alto porcentaje de mujeres que al votar expresaron en las urnas preferencias políticas conservadoras. Temeroso por otorgar el sufragio a las mexicanas, éstas se inclinaran a la derecha del espectro político y rechazaran la esencia progresista de su proyecto de nación, Cárdenas decidió dar marcha atrás en su iniciativa.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra fría, el feminismo trascendió de nuevo las barreras de clase. En 1947 se estableció el sufragio femenino en la legislación nacional, pero sólo a nivel municipal. Fue hasta 1953, con las reformas a los artículos 35 y 115 de la Constitución, que las mexicanas obtienen por fin el derecho al sufragio a nivel federal.
En la década de los años setenta el movimiento feminista en México se reconfiguró y tomó mayor fuerza con la aparición del llamado feminismo de la nueva ola. Las mujeres comenzaron entonces a denunciar y combatir la constante opresión social que experimentaban en la esfera pública y privada, al tiempo que señalaban la ausencia de mecanismos suficientes en la legislación federal que asegurasen su plena igualdad jurídica en todos los ámbitos. Igualmente, se cuestionaron cada vez con más fuerza las nociones culturales de corte patriarcal, que asignaban a la mujer una mera función reproductiva y se reivindicó el legítimo derecho de las mexicanas a disfrutar libremente de su sexualidad. Hacia fines del siglo XX, el término feminismo comenzó a ser gradualmente sustituido por el vocablo género. Con los avances en la democratización del país, la equidad se convirtió en un tema obligado de todas las discusiones políticas y culturales.
Una de las partes más interesantes del documental es la presentación de las entrevistas con exgobernadoras de diversos partidos políticos. La priista Beatriz Paredes Rangel plantea acertadamente que, al convertirse en la primera gobernadora en la historia de México por el estado de Colima durante el periodo 1979-1985, la desaparecida Griselda Álvarez Ponce de León demostró que las mujeres mexicanas contaban con la misma capacidad que los hombres para desempeñarse en los altos círculos de la política nacional. Paredes afirma que la buena gestión realizada por Álvarez al frente del gobierno de su estado fue decisiva para que las puertas de la participación política se abrieran de lleno para otras mujeres que posteriormente serían elegidas gobernadoras. Si bien ninguna de las entrevistadas escapa a la polémica, sus testimonios resultan interesantes pues muestran la resistencia que aún impera en la sociedad mexicana para aceptar que, tanto mujeres como hombres, cuentan con las mismas capacidades y defectos para ejercer el poder. Por otra parte, los testimonios de la expresidenta chilena Michelle Bachelet son también reveladores, ya que enfatizan la importancia del pragmatismo político entre las mujeres de diversas ideologías políticas, para el éxito de las reivindicaciones de género y la desaparición de los prejuicios hacia su participación en la vida pública.
Regresemos un momento al caso de Eufrosina Cruz Mendoza ¿Cuál fue el contexto político que llevó a la inclusión del sistema de “usos y costumbres” en la constitución del estado de Oaxaca? Tras el levantamiento neozapatista de 1994, la clase política local vio que la influencia desestabilizadora de los cacicazgos y las maquinarias políticas clientelares en dicha entidad podían llevar a una situación similar de violencia armada a la que se estaba viviendo en Chiapas desde la aparición pública del EZLN. Al igual que en el vecino estado del sur, Oaxaca es otra de las entidades de la República con una de las más altas concentraciones de población indígena en todo el país. Los elevados niveles de pobreza y marginación, sumados a la inequitativa distribución del ingreso, llevaron a pensar que el descontento de las etnias en las zonas campesinas podría controlarse en Oaxaca eliminando la influencia política de las maquinarias clientelares y de los terratenientes vinculados a los partidos políticos, en particular al PRI.
Entre 1995 y 1997 el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano introdujo una serie de reformas políticas en la Constitución del estado de Oaxaca tendientes a reconocer en todos los municipios las formas de organización sociopolíticas indígenas conocidas como “usos y costumbres”, con la finalidad de otorgar mayor autonomía local a dichas comunidades. Desde entonces, los “usos costumbres” coexisten legalmente junto a las formas tradicionales de representación y organización electorales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aproximadamente el 36% de la población oaxaqueña conduce ahora sus elecciones locales mediante el sistema de asambleas comunales ya citado, sin la participación de los partidos políticos locales ni nacionales, a través de voto abierto y público.
Sin embargo, a pesar de las reformas legales impulsadas desde el congreso local por Eufrosina Cruz, la violencia y la discriminación no han dejado de estar presentes en la vida de las asambleas comunitarias de Oaxaca. El 20 de octubre de 2011, un reportaje del periodista Óscar Rodríguez en el diario Milenio, señalaba que aquel año se habían reportado aproximadamente unos 49 conflictos poselectorales en comunidades indígenas de la entidad, como la matanza de 26 campesinos que tuvo lugar en la comunidad de Santiago Choapam. Por dicha razón, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca presentó un paquete de iniciativas de ley que fue enviado al Congreso del estado para regular la aplicación de los “usos y costumbres” en los 418 municipios que se rigen actualmente bajo dicho sistema de gobierno. El propósito fundamental era dotar al Instituto de facultades legales para poder intervenir en la resolución de problemas jurisdiccionales sin dañar la libre autodeterminación de las etnias locales.
Desafortunadamente, los alcances de la reforma han sido limitados. En otro reportaje de Milenio publicado el 22 de enero de 2012 por el mismo periodista, se informaba que bajo los “usos y costumbres” también se cometen abusos como expulsiones religiosas, linchamientos, cacicazgos y disputas agrarias. En 90 de los municipios indígenas de Oaxaca aún no se le permite votar a las mujeres. La Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (DDHO) reportó también 13 quejas de expulsiones de familias en las comunidades indígenas por motivos religiosos, aunque se tenían documentados hasta 36 casos. Igualmente, se recibieron quejas por actos de discriminación, abuso de autoridad, amenazas y negativa de las asambleas comunales a proporcionar servicios de luz, educación y agua a determinadas familias.
Desde una perspectiva filosófica, la reivindicación de los “usos y costumbres” indígenas se halla claramente vinculada al auge del multiculturalismo. Esta doctrina política está basada en la crítica a la modernidad. Entre algunos de sus exponentes destacan académicos como Charles Taylor o Will Kymlicka, por mencionar algunos. Desde la óptica del multiculturalismo, la aparición del liberalismo político, vinculado a su vez al surgimiento del pensamiento racionalista ilustrado, representa un aparato de dominación cultural que niega identidades particularistas esenciales en la herencia histórica de aquellos grupos étnicos minoritarios que quedaron absorbidos por los Estados nacionales. El multiculturalismo reivindica el peso de la tradición por encima del orden legal racional democrático. Los rasgos de pertenencia e identidad tribales sustituyen a la igualdad y la dignidad ciudadanas. Los individuos quedan entonces al servicio de la comunidad y se ven imposibilitados de cuestionar las tradiciones y creencias que rigen a la misma. La disidencia al interior generalmente se paga con la represión o la expulsión de las propias comunidades.
El multiculturalismo es, en esencia, una doctrina filosófica y política antiliberal y reaccionaria, que se niega a aceptar los conceptos de dignidad e igualdad ciudadana de la democracia representativa. Por dicha razón, en las reivindicaciones de corte multicultural no existen ciudadanos, ni individuos autónomos que puedan aspirar a la equidad de derechos ante una ley común fundada en un orden racional, ni a la libertad de pensamiento. Toda aspiración en pos de la equidad, la tolerancia y la pluralidad, se ve desplazada por el peso de las tradiciones tribales, que generalmente están fundadas en un orden cultural patriarcal.
La influencia del multiculturalismo en México cobró fuerza tras las reivindicaciones autonomistas de las comunidades indígenas en Chiapas luego del levantamiento neozapatista de 1994. Sin embargo, como ha ocurrido en Chiapas y Oaxaca, el peso de las identidades étnicas y la autonomía política de los municipios indígenas no necesariamente han generado pautas de desarrollo político que faciliten la construcción derechos universales que permitan el avance de la equidad de género, la libertad y la tolerancia en cualquiera de sus formas.
Retomemos ahora la historia moderna del feminismo en México. Si bien, fue durante los años sesenta que la desaparecida Rosario Castellanos difundió elementos del pensamiento existencialista de Simone de Beauvoir en la corriente del nuevo feminismo; es a partir de la década de los setenta que las reflexiones más importantes de las mexicanas que integraron el movimiento de la nueva ola han visto la luz a través de varias revistas. Destacan Fem, iniciada en 1976 y el suplemento Doblejornada del diario La Jornada, fundado en 1986; entre otros. Asimismo, en 1990 apareció Debate Feminista, dirigida por Martha Lamas, en ella se revisan aspectos relacionados con el feminismo posmodernista vinculados al sujeto y al poder.
Actualmente, las reivindicaciones en pro de la emancipación femenina se concentran en la defensa de la libertad corporal, fue así como la lucha en pro de la despenalización del aborto ha cobrado una fuerza decisiva y se incorporó como una discusión obligada dentro del ámbito electoral. Las políticas de control natal orientadas a la salud reproductiva, así como la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, se incorporaron también como elementos centrales en la agenda de las políticas de género de varios gobiernos locales y nacionales durante los últimos años.
Uno de los temas que más gravemente afectan la integridad y la dignidad de las mexicanas actualmente es la violencia de género, que se expresa fundamentalmente a través de los feminicidios y las agresiones sexuales. Tan sólo en Ciudad Juárez, desde 1993 hasta 2012 se han contabilizado más de 700 asesinatos de mujeres en las zonas desérticas cercanas a los corredores industriales ocupados por las maquiladoras. Durante el pasado mes de febrero, un informe de la Secretaría de Gobernación difundido en el Senado de la República reportó que en los últimos diez años, las agresiones hacia mujeres en el noreste del país (incluidos asesinatos y violaciones) se incrementaron 400%. A su vez, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) estima que en el país se registran anualmente más de 112,000 violaciones.
Otro tema fundamental en la agenda de las políticas de género es la lucha contra la despenalización del aborto. Desde 2007, la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas está permitida únicamente en la Ciudad de México. En los códigos penales de todas las entidades federativas el aborto es legal en caso de violación y cuando la vida de la madre esté en peligro. Las únicas excepciones al segundo supuesto se dan en Guerrero, Querétaro y Guanajuato, aunque probablemente uno de los códigos penales mas represivos y violentos sea el de este último estado.
Sin embargo, la creciente participación de las mujeres en el desarrollo de las políticas públicas a nivel local y federal, así como la influencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer a futuro para modificar las leyes estatales sobre el aborto inducido, revisten particular importancia para aspirar a la plena modernización de la sociedad mexicana.

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1 Las sufragistas, México, 2012. Dirección: Ana Cruz Navarro. Producción: Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Guión: Ana Cruz Navarro.
aruizbelmont@gmail.com