REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
21 | 10 | 2019
   

De nuestra portada

El Servicio Profesional de Carrera y el cambio de poder: entre la libre designación y la eficacia


Héctor Fernández Pedroza

“El principio del mérito, que es central en la asignación de posiciones en la sociedad del conocimiento…”
Daniel Bell,
El advenimiento de la sociedad post-industrial (1973).
“…la base de la ordenación social, las instituciones de educación… el criterio del rendimiento y de la capacidad como principio ordenador de los status…”
Ralf Dahrendorf,
Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial (1957).

Con el comienzo del nuevo gobierno, en las semanas previas se generó un debate sobre la pertinencia de que el nuevo presidente del país contara con un equipo de funcionarios, de servidores públicos de su confianza y no un equipo impuesto -legado del gobierno saliente-, con el objetivo de llevar a cabo los programas y las políticas públicas que se comprometió durante la campaña electoral.

Es de tal importancia este asunto, que el equipo de transición de Peña Nieto logró de última hora, en el mes de noviembre, acordar con la mayoría de las fuerzas políticas la reforma a la ley correspondiente que permitirá que los directores generales y directores generales adjuntos de la administración pública federal dejen de formar parte del Servicio Profesional de Carrera (SPC), y se conviertan en cargos de libre designación.

“La actual administración pública se convirtió en una agencia de colocación, de simpatizantes, políticos y amigos del partido”, reza parte del argumento del PRI con el que motivó el dictamen para reformar la ley.
El mismo Felipe Calderón, consciente o no de estos cambios legislativos que se avecinaban, había hecho una semana antes la siguiente declaración:

“Yo me aprecio, amigas y amigos de ser egresado del ITAM, de ser Presidente de la República, Itamita, y me aprecio también de haber logrado el mayor número de secretarios de estado, subsecretarios y de directores egresados del ITAM, en todas las áreas…”.

Lo cierto es que estas palabras -desafortunadas en todos los sentidos, proviniendo de un Jefe de Estado- le vinieron a dar la razón al equipo de transición priista sobre las preocupaciones por el no contar con funcionarios afines a su proyecto de gobierno, además de no gozar de su entera confianza.

Previamente la prensa, a mediados de este año, dio amplia cobertura a la noticia de que el gobierno federal había “concursado” cientos de direcciones generales en los últimos meses, interpretándose dicha medida, como la intención de asegurar la permanencia de la élite panista al término del sexenio.

El director general en la administración pública.

Más allá de los puntos encontrados entre los que concluyeron y los que inician en el nuevo gobierno, la discusión sensata -al margen de coyunturas- ha de centrarse en determinar ¿Qué cargos o puestos en la administración pública federal deben conformarse por la libre designación y cuales deben designarse sobre las bases de un servicio civil de carrera?, o lo que es lo mismo ¿qué cargos deben definirse como políticos y aquellos que deben regirse por criterios estrictamente profesionales?

Tradicionalmente, durante los 71 años que gobernó el PRI, todos los puestos o cargos en el orden federal fueron considerados de confianza con excepción de los puestos operativos, estos últimos, definidos así porque no implicaban la toma de decisiones y en consecuencia no requerían mayores responsabilidades; los puestos operativos (personal de base) fueron agrupados en sindicatos, y se les concedió por ley, el carácter de inamovibles, entendiéndose por ello, la permanencia en el puesto alejada de los vaivenes políticos.

Llegada la alternancia, el gobierno foxista pretendió por un lado, configurar su gabinete con “los mejores hombres y mujeres” a través de los llamados head hunter; y por otro lado, implementar un sistema civil de carrera que respondiera a las viejas exigencias de profesionalizar la jerarquía de puestos en la toma de decisiones dentro de la administración pública federal.

De lo primero hay que decir, que los seleccionados por los cazadores de talentos fueron duramente cuestionados por exceder en su autonomía y su escasa coordinación -entre dependencias- de las políticas públicas, a tal grado que el ex presidente Fox reconoció de esas fallas hasta hace poco, al señalar que a su gobierno le decían el “gabinete Montessori”.

Respecto al Sistema Profesional de Carrera, debemos decir, que inició mal su misión, desde el momento mismo en que la ley que le dio sustento fue asignada para su elaboración a despachos de abogados vinculados más al sector empresarial que al sector público.

Se ignoró la opinión de especialistas en la materia -dicho sea de paso casi inexistentes en el país- y se hizo lo que ya es común en otras normas federales o locales: al no existir copyright en la creación de normas jurídicas, se copiaron burdamente normas extranjeras, en especial las españolas y sólo haciendo las “adaptaciones” pertinentes para el caso mexicano.

No obstante, se ignoró algo fundamental contenido en las legislaciones europeas en la materia, que es el definir con precisión y sin arbitrariedad la línea divisoria que marca los cargos designados legítimamente por motivos políticos y aquellos que no lo son.

En aquellas latitudes, los puestos o cargos de la administración pública considerados de libre designación o confianza, o lo que es lo mismo, designados por criterios políticos -en sus tres órdenes de gobierno- incluyen no sólo al equipo más cercano del gobernante, ministros y/o secretarios de Estado (gabinete), sino también a subsecretarios y lo más importante, a los encargados de las direcciones generales, que como su nombre lo indica, son las áreas administrativas de llevar a buen término (aterrizar) la implementación de las políticas públicas que prometió en su día el candidato antes de convertirse en gobernante.

Es precisamente el director general el punto de coordinación entre la estructura política que determina la orientación y rumbo de las políticas de gobernabilidad, las de economía, las sociales, etc.; y la estructura técnica, formada por personal cualificado sustentado en un sistema civil de carrera.

El director general, forma parte a la vez de ambas estructuras y es precisamente esa posición clave, la que permite que el gobierno en turno pueda orientar las políticas públicas de acuerdo a sus propios criterios políticos, lo cual, es legítimo y legal en los sistemas democráticos, llámense parlamentarios o presidenciales.

El director general al formar parte de la estructura política (en el nivel jerárquico más bajo), participa en la elaboración y negociación de la agenda de gobierno en las diferentes arenas políticas (en el propio gabinete, en el Congreso y en los grupos de interés), y esto además lo hace porque cuenta con la información especializada procedente de la estructura técnica de la cual él es el principal responsable en sus actuaciones, al dirigir y ordenar los trabajos del personal profesional.

Tan cierto es lo anterior, que para efectos del juicio de amparo, para determinar la responsabilidad de un acto de autoridad administrativa, los tribunales sólo consideran la “existencia del acto” cuando -por escrito y firmado- proviene del director general de un área o unidad y no de sus subordinados.

Todos estos argumentos fueron ignorados por los legisladores federales que aprobaron la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 2003 y redujeron a los directores generales a la estructura técnica. No alcanzaron a percibir que con ello estarían introduciendo un elemento distorsionador en la coordinación entre las dos estructuras de la administración pública federal: entre la de confianza-política y la profesional-técnica.

No alcanzaron a comprender que a pesar de que a los puestos de director general se le sustrajera de la designación política, no dejarían de ser el principal cargo en la toma de decisiones dentro de las direcciones generales, lugar donde se implementan las políticas públicas, y que al dejar intactas estas competencias, abriría potencialmente la posibilidad, de tensiones e incluso obstrucciones en dicha implementación, cuando un director general no coincidiera con los criterios políticos marcados por el gobierno en turno.

Esto se evidenció, en el año de 2006 cuando se presentó la posibilidad de que llegara al gobierno federal un partido diferente a la identidad o simpatía política de la mayoría de los directores generales.

Todo, toda vez que ahora el director general gozaría de “inamovilidad” y por tanto, podía sobrevivir al o los cambios de gobiernos fueran de la orientación que fueran.

Vale decir, que inamovilidad no significa impunidad. Así lo han acotado los tribunales, al señalar que los servidores públicos que gozan de ella, sólo pueden ser separados de su cargo por una resolución motivada y fundamentada, es decir, por la comisión de infracciones y/o delitos tipificados en las normas y por conductas debidamente acreditadas (pruebas), inapropiados para el servicio público.

En contraparte el personal de libre designación, de confianza, puede ser separado de su puesto o cargo con el aviso simple -por escrito- de la autoridad competente, de prescindir de sus servicios.

Tratándose de los directores generales, al menor intento por removerlos, daría inicio a procedimientos primero de índole administrativo, seguidos de juicios ante los tribunales, con el consecuente desgaste de las autoridades involucradas, dada su jerarquía; en perjuicio de las prioridades en el quehacer de un gobierno.

He ahí la lógica de contar con directores generales de libre designación, de confianza, que permitan reclutarlos por identidad política, por lealtad, por perfil del puesto y ante la eventualidad de no cumplir con los resultados esperados -lo cual es muy común-, prescindir de ellos sin mayores sobresaltos en el desarrollo de la administración pública.
Con la próxima reforma de la ley del SPC, se rectificará en el error en que se había incurrido, al reconocer -indirectamente- la posición estratégica desempeñada por los directores generales en el conjunto de las administraciones públicas.
La misma administración calderonista, implementó una reversión silenciosa de innumerables direcciones generales que por tratarse de “áreas estratégicas” -contempladas por la ley como excepciones- dejaron de formar parte del SPC para convertirse en puestos de libre designación. Como un claro ejemplo, de que ellos mismos eran conscientes de los obstáculos que la ley estaba generando en su versión original.
A la mayoría de los directores generales que se beneficiaron con la ley del SPC, se les otorgó la inamovilidad por certificación y no por concurso, la mayoría provenía de la élite panista que los designó con antelación por libre designación, es decir, por criterios políticos y no necesariamente por méritos y perfiles.

Incluso, se debe dudar de aquellos que ingresaron a través de convocatoria pública y abierta, dado que el que elaboraba el examen de conocimientos sería otra dirección, toda vez que por tratarse de una vacante de director general, no existía ya un superior del SPC de la misma dirección. Nada nos impide suponer, que dada la importancia estratégica del puesto de director general en el conjunto de la administración pública, el superior de la jerarquía política -el subsecretario de la dependencia correspondiente-, terminaba por influir en su designación, abriendo la puerta a un fraude a la ley.
No podemos ignorar, que ahora que la Constitución General garantiza la reparación del daño cuando así lo provoque su actividad administrativa, buena parte de ello se debe a actos u omisiones de funcionarios improvisados, ignorantes de la legalidad, que llegan a ocupar dichos cargos por criterios ajenos a la capacidad.

El personal cualificado en el servicio público.

Mientras que con la reforma legislativa del SPC se desactivará en ciernes un conflicto anunciado entre la estructura política y los directores generales en la administración pública federal, no obstante, no han quedado solucionadas las interrogantes que pesan sobre la eficacia del SPC.

Una vez que los directores generales y los directores generales adjuntos -se dice que serán seis mil- volverán a ser nombrados por libre designación, la pregunta que surge es si es adecuado que las más de 37 mil plazas que corresponden a mandos medios (director de área, subdirectores, jefes de departamento y finalmente los llamados enlaces), continúen desarrollándose bajo el esquema del SPC.

Es posible, que la necesidad apremiante del nuevo gobierno por colocar a personal de su confianza al frente de las direcciones generales, impidió un diagnóstico más profundo sobre la estructura técnica en que se sustenta el SPC.
No obstante, debe decirse con toda objetividad, que será una decisión equivocada del nuevo gobierno, permitir que siga operando el SPC, al menos en su formato actual.

Desde su implementación en el año 2004, quedó clara su fragilidad jurídica en lo que respecta a la certidumbre y su confiabilidad.

De inicio se dio la certificación a todo el personal que ocupaba los puestos con anterioridad (de confianza o libre designación), a pesar de no contar en muchos de los casos con el perfil idóneo; una forma para sortear este handicap fue adecuar los perfiles de los puestos en función de la diversidad de formación académica del personal, por ejemplo, para evitar afectar a muchos de ellos mediante la separación del cargo, el perfil de la carrera se limitó a exigir tener una carrera en ciencias sociales (donde entran gran diversidad de carreras) y en muchos casos eliminar la exigencia de que fueran titulados.
Esto les permitió la certificación, y con ello, la inamovilidad a personal sin cualidades, sin perfil real de conformidad al puesto desempeñado, les permitió acceder a la titularidad, a la permanencia, a la definitividad, a personal con carrera trunca y en innumerables casos, a gente sin tenerla. Violando con ello la ley y las demás normas emitidas en torno al SPC.

Fue más que suficiente, “aprobar” las dos evaluaciones anuales realizadas por la Secretaría de la Función Pública, evaluaciones más orientadas a valores y experiencia -en el puesto ya ocupado- que a criterios basados en poseer un título profesional acorde al puesto.

Evaluaciones, y demás cursos, contratados -sin licitación- , impartidos por centros académicos privados como la Universidad Iberoamericana, La Salle, el ITAM entre otros.
Los que entonces nos encontrábamos al interior de la administración pública federal, pudimos apreciar desde el comienzo, que ése no era en modo alguno el espíritu de la ley recién creada.

Que los principios de igualdad de oportunidades y del mérito -binomio que se pretendió identificar desde entonces al SPC- desembocaron en una burla para todos aquellos que durante décadas criticaron el carácter patrimonialista que se le dio a la administración pública por aquellos que gobernaban el país.
No se trata de minimizar la importancia de las evaluaciones “por experiencia”, de “actitud hacia el servicio público”, de “las habilidades”; lo que no se puede soslayar, es que este tipo de evaluaciones suplantaran, sustituyeran el perfil profesional requerido para ocupar un puesto.

Hacerlo, sería tanto como negar la importancia de los centros de educación superior formadores de capital humano, sean estos públicos o privados; sería tanto como negar la necesidad del contar con la división intelectual del trabajo como mecanismo para cubrir, con personal cualificado, las múltiples áreas en el Estado y en la sociedad en general.

Si vamos más allá, representa una violación a la Constitución General del país, que garantiza el derecho a elegir una profesión en su artículo 5°.

El contar con una carrera profesional terminada, tenía que haber sido la base y la precondición, para poder pasar a las otras evaluaciones, y no remitirla al último lugar de las mismas. Tenía que haber sido la condición para la permanencia, de lo contrario, tenía que haberse separado al personal que incumpliera con ello.

Tan cierto es, que la misma ley del SPC (artículo 13, fracción IV), concede en un primer lugar la evaluación de conocimientos, para certificar (de capaces) a aquellos que ya se encontraban en los puestos con anterioridad al sistema, y pone en segundo término la “actualización” en el cargo desempeñado, es decir, la experiencia; pretender que los “conocimientos básicos” de la Administración Pública Federal se puedan adquirir al margen del contar con una formación profesional previa, representa un fraude a la ley respectiva.

Por si esto no fuera suficiente para cuestionar la forma sesgada en la aplicación de las normas del SPC, pasemos a la parte que corresponde al ingreso, al reclutamiento de profesionistas mediante “concurso de selección” a través de convocatorias públicas abiertas.

Ya decíamos anteriormente, que un subsecretario no se podía dar el lujo de dejar de influir en la decisión final de quien ocupara la titularidad de la dirección general adscrita a sus competencias, incluso, cuando ésta formaba parte del SPC.

Los que hemos laborado en el servicio público sabemos del poder legal y real que ejerce un director general al interior de la unidad o dirección a su cargo. Por ello, de la misma manera que un subsecretario influía en su designación, aquél no podía sustraerse para influir -por las mismas razones- en el nombramiento de los mandos medios a su cargo, independientemente de las facultades que el SPC le concediera.

No se necesita ser un especialista en la materia para encontrarse con la conclusión que desde sus inicios el SPC incluyó lo que a la postre se convertiría hasta el día de hoy en su mayor descrédito: que sea un superior jerárquico de la misma dirección general de la plaza a concursar (por lo regular un director general o director de área) el mismo que elabore el examen de conocimientos específicos de la vacante. Lo cual ha resultado en los hechos, un conflicto de intereses.

Esta situación legal quedará intacta, aún después de que se apruebe la reforma a la ley presentada.

¿Cómo se dan estas conductas en fraude de ley que son difíciles de detectar y acreditar?

Cuando se planeó la ley se creyó que era la mejor fórmula depositar en los puestos superiores de la misma dirección la responsabilidad en la elaboración del examen de conocimientos específicos, por considerar que eran los puestos más adecuados para determinar el perfil requerido para la vacante.

De no hacerlo así, se creyó, que se tendría que invertir en cuantiosos gastos en especialistas contratados para diseñar los exámenes del SPC.

El formato del examen de conocimientos consiste en 25 preguntas a responder mediante incisos elaborados por los superiores de la vacante, mientras que otras 5 son elaboradas por la Secretaría de la Función Pública.

El SPC establece que para poder pasar a los siguientes exámenes, es indispensable aprobar el de conocimientos con una calificación mínima de 7. Si se toma en cuenta, que las 25 preguntas específicas de la vacante representan 8.3 de una calificación de 10, el acertar en 21 preguntas, garantiza pasar a las siguientes etapas, sin necesidad de aprobar las 5 elaboradas externamente a la dirección.

Al dejar en manos de los directores generales o directores de área la facultad de elaborar el examen de conocimientos específicos, dejaron en ello la posibilidad de incurrir en parcialidad e ilegalidad al favorecer previamente, a alguno (s) de los concursantes con información confidencial contenida en el examen a su cargo.

No hay ningún mecanismo que pueda impedirlo, debido a que son los únicos que diseñan el contenido del examen de conocimientos específicos de la vacante sin la participación de otras direcciones o áreas del servicio profesional que puedan servir de contrapeso a la hora de elaborarlo.

Esto no significa que todos sin excepción recurran a estas prácticas ilegales, por supuesto que hay directores generales y de área que respetan en sentido estricto la ley, pero mientras no se modifique el esquema de elaboración del examen de conocimientos, seguirá pesando las suspicacias y dudas justificadas en torno a ello.

Se ha llegado al absurdo de que personas que ocupaban temporalmente el cargo de director de área, fueran las ganadoras del mismo puesto concursado, toda vez, que la ley no contempla esto como incompatibilidad.

En la práctica, desde la primera convocatoria emitida en 2004 para concursar plazas del SPC, ya se sabía en algunas direcciones generales quién o quiénes eran los favoritos y el pronóstico, por lo regular se cumplió.

No faltará quien diga, que estos casos no son suficientes para suponer que hay visos de ilegalidad en todo el proceso de reclutamiento, ya que además del examen de conocimientos existen otras evaluaciones que representan el 70% de la calificación total. Esto es inexacto, pues la aprobación del examen de conocimientos es precondición para poder ser evaluado en las siguientes etapas.

Es entonces, cuando se comprende la importancia de quedar en el primer o primeros lugares en los resultados del examen de conocimientos, antes de pasar a las siguientes evaluaciones a cargo de otras áreas; por tanto, la tentación ya no es sólo la de proporcionarles el examen resuelto a la persona de su predilección, sino que el contenido del examen sea de tal forma, que impida, que resulte casi imposible que algunos de los concursantes externos puedan igualar la calificación o al menos se acerque a la persona previamente elegida.

Esto se logra por dos vías. La primera, elaborando un examen que contenga preguntas como la siguiente: “¿Que es lo que señala el artículo 63, fracción III, inciso f) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo?”, si se toma en cuenta que en promedio el temario para los exámenes de conocimientos incluye 5 leyes generales y/o federales, sin contar la Constitución General y las dos leyes en que se fundamentan las 5 preguntas externas a cargo de la Secretaría de la Función Pública; resulta complicado memorizar la mayoría de los artículos de las normas referidas, salvo los artículos más importantes.

Conocí personalmente un examen de ese tipo donde uno de los concursantes obtuvo “25 aciertos” de las 25 preguntas, contestándolo además en un corto tiempo, curiosamente, esa misma persona sólo obtuvo 2 aciertos de las 5 preguntas externas.

Este tipo de exámenes no reflejan en absoluto la finalidad del examen de conocimientos que es el contar con conocimientos generales de la administración pública federal.

Tan válidas son estas objeciones, que el personal que ya estaba antes del SPC logró erradicar este tipo de exámenes para alcanzar la certificación.

La segunda vía para evitar que personas externas aprueben el examen, es que su contenido se base en su mayoría en autores que haya elegido el superior encargado del mismo; ya no son preguntas sobre el funcionamiento de la administración pública, sino sobre “definiciones” dadas por un autor particular sobre temas como por ejemplo, la planeación estratégica.

De igual forma, tuve conocimiento de un examen donde 20 de sus 25 preguntas tenían este formato. Hay que recordar que son las normas jurídicas y la jurisprudencia las únicas reglas obligatorias en el Estado, y por ningún motivo lo que diga un autor por muy brillante que sea.

Si bien la ley prevé que se puede inconformar con los resultados finales del concurso, a través del recurso de inconformidad o del recurso de revocación, esto en la práctica resulta poco factible ya que para registrarse para concursar por una vacante, uno tiene que oprimir una opción en línea, en la que aceptas las normas y reglas de operación del SPC, que incluye la imposibilidad de cuestionar el contenido de cada una de las evaluaciones.

Sin contar además, que al momento de terminar el examen de conocimientos, éste se imprime y se firma de inmediato, “reconociendo” dichos resultados sin saber cuál es la calificación. Este estado de indefensión, viola el principio de acceso a la justicia administrativa.

Finalmente, si se logró aprobar el examen de conocimientos (lo cual debe ser una proeza si se es persona externa), antes de pasar a las siguientes evaluaciones de “aptitudes” y “habilidades”, se tiene que pasar a la revisión curricular, al cotejo de la documentación que acredite el perfil requerido.

Ahí, ante psicólogos (as) y pedagogos (as), muchos de ellos con puesto de enlace y peor aún, pasantes en funciones de servicio social, sin la menor idea de lo que significa el servicio público, determinan de forma discrecional qué premios, qué reconocimientos, qué documentos de experiencia aceptan para la evaluación “al mérito” que ellas mismas contabilizan y plasman como calificación.

Vale decir, que en México no existe un sistema oficial en línea que permita verificar la veracidad de los grados académicos que se presentan ante el SPC.

Por todos estos motivos hasta aquí expuestos, han hecho que el SPC carezca de credibilidad.

El sistema, en su forma de operar, viola los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia esenciales en una institución pública.

En las primeras convocatorias del SPC, el número de registros, de candidatos llegaban incluso a rebasar el ciento para vacantes de directores de área o subdirectores; hoy no superan el número de 30 que solicitan participar y sólo se presentan al examen de conocimientos no más de 20 candidatos, incluyendo para los otros dos puestos del sistema, jefes de departamentos y enlaces.

Se necesita haber estado adentro y/o participar en los procesos de concurso para darse cuenta que estamos ante un monumental fraude disfrazado de legalidad, funcionarias y funcionarios lo saben, lo reconocen en privado, pero simplemente guardan silencio cómplice esperando que ellas y ellos no sean afectados, y lo que es peor, esperando que su proceder sirva de “mérito” para ser los próximos beneficiados en ascender.

Apuntes finales.

Los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX, coincidieron en señalar que uno de los mayores éxitos de las sociedades desarrolladas, ha sido el apostar por la “meritocracia”. Es decir, la sociedad basada en el conocimiento y la cualificación como factores de ascensión y movilidad social.

En México no hemos entendido aún que los profesionistas, es el sector cualificado que requiere toda sociedad para organizarse y administrarse eficazmente.

Durante décadas, todos los gobiernos, de todos los colores partidistas han seguido viendo -hasta el día de hoy- las administraciones públicas como un patrimonio a repartir entre sus seguidores, siendo la eficacia un factor residual.
Ahora que se ha realizado el cambio de gobierno federal, y se ha reconocido la importancia estratégica de las direcciones generales en la formulación, elaboración e implementación de las políticas públicas, es el momento adecuado para que se examine la operación del SPC.

Es imperativo que el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública -o de la dependencia que de ella emane- promueva una auditoría independiente a todo el procedimiento del SPC, cuyos resultados pueden obtenerse en un plazo no mayor a los primeros 100 días de gobierno.

El Libro Blanco que surja, debe servir de diagnóstico para tomar medidas drásticas respecto al SPC, las nuevas propuestas deberán incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 a presentarse en el mes de mayo.
Se debe explorar la posibilidad de proponer al Congreso la abrogación de la Ley del SPC, toda vez que adolece de certeza y transparencia, al existir enormes márgenes de conductas discrecionales que el espíritu de la ley jamás consideró y que jurídicamente están prohibidas.

Se ha pretendido que con el sólo hacer pública la convocatoria es más que suficiente para cumplir con la ley, dejando las decisiones importantes a la mayor opacidad; este esquema de concurso no es exclusivo del SPC del gobierno federal, sino que es similar a los que operan en el IFE, TEDF, GDF, CNDH, UNAM, UAM, CIDE, etc.

Dadas las condiciones imperantes en el SPC, se debe proponer -como una salida decorosa- volver a la libre designación de todos los puestos de mandos medios; de no ser así, las casi 8 mil vacantes que hoy esperan ser concursadas, correrán el mismo destino de los anteriores concursos.

Siendo el director general, el encargado de la racionalización de los recursos humanos y materiales de cada dirección, al que le deben corresponder, apelando a su mayoría de razón, determinar quiénes deben continuar y quiénes deben ser remplazados por no reunir el perfil requerido.

El aspecto positivo de la libre designación es que permite movilidad en el entusiasmo y el desempeño frente al conformismo y estancamiento de los servidores públicos.

Hay que entender que hay gente honrada y cualificada, ciudadanas y ciudadanos con méritos propios, profesionales deseosos de contribuir con sus conocimientos en un área específica de la administración pública federal, que sólo piden, igualdad de condiciones, de oportunidades en el ingreso, imposibles de garantizar en el actual SPC.

El Estado mexicano seguirá rezagado frente a los países desarrollados si no se decide, una vez por todas, a valorar al capital humano, a la gente profesional.

*Constitucionalista y profesor UNAM
hfernandezp@comunidad.unam.mx