REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
16 | 10 | 2019
   

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Acuerdo Acta - Vuelve la “Guerra Fría”: la nueva tecnoglaciación Las leyes “antipiratería” reimplantan la política del secreto y castigan el uso del internet


César H. Espinosa V.

Las leyes SOPA y PIPA en Estados Unidos, y el acuerdo ACTA con Japón, reinauguran una nueva etapa de la “Guerra Fría” que abarcó la segunda mitad del siglo XX. La “política del secreto” que caracterizó a ese episodio se inició con la creación de la National Security Agency (NSA), en 1952, cuando la Guerra Fría llegaba a un primer momento álgido con las persecuciones anticomunistas de MacCarthy y la ejecución del matrimonio Rosenberg en EUA.

El acto culminante de esta política del secreto tendría lugar el 2 de abril de 1982, cuando el presidente Reagan publicó el decreto del poder ejecutivo (nº 12356) “que confiere a los servicios de seguridad… el poder sin precedentes de mantener en secreto las informaciones sobre la tecnología, incluso, si fuera necesario, ciertos resultados de la investigación científica fundamental”.

El régimen belicista norteamericano eliminó de un plumazo la libertad de expresión con motivo de la Guerra del Golfo (1992), la llamada “Tormenta del desierto” del primer George Bush, y lo mismo haría durante las invasiones a Irak y Afganistán tras el 11 de septiembre de 2001, en la “guerra preventiva” contra todo el mundo. La autocensura de los medios y el espionaje doméstico fueron implantados por la Ley Patriota (Patriot Law) en ese mismo periodo, además de admitir a la tortura como sistema “legal-militar” de obtención de información.

En México: ¿Otra “Ley Televisa”? La Reforma ACTA del IMPI y la “Ley Döring”
No vaya tan lejos: la Ley Döring, una propuesta hecha por el senador Federico Döring Casar del Partido Acción Nacional (PAN), es similar a la polémica Ley SOPA que proponen los republicanos en Estados Unidos, y a la Ley Sinde, española, que ya fue aprobada. Se trata de una reforma de la Ley Federal de Derechos de Autor que busca reglamentar la difusión en internet de obras registradas.

¿Otra “Ley Televisa”? Igualita, en su tratamiento legislativo. El pasado 14 de diciembre de 2011, el Senado de la República aprobó reformas a la ley de derechos de autor que coinciden con la iniciativa de ley que pretende regular las cuestiones de piratería ocasionadas por las avanzadas opciones que se pueden lograr por los medios digitales.

En un comunicado, el Instituto Mexicano de Protección Industrial (IMPI) expone que las reformas se dan en seguimiento de las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), y que éste recoge las preocupaciones de los usuarios de servicios de comunicación electrónica y demás actores, tales como acceso a la información y a la cultura, la libertad de expresión, la privacidad de datos y el derecho de debido proceso.

La reforma, aprobada en paquete, porque no hubo mucha discusión y pasó casi desapercibida, fue seguida al día siguiente por la propuesta del senador Federico Döring, e incluso han llegado a confundirse aunque son dos proyectos diferentes que tienen un mismo fin.

Supuestamente, la primera reforma aprobada protege los derechos de autor que ya tienen registro y de los que en teoría tienen derechos reservados. La controversia radica en que la aplicación de esta reforma, que al parecer no fue pensada en sus alcances, conlleva por sí misma una violación a las garantías individuales de audiencia y seguridad jurídica que estipula nuestra Carta Magna. Las adiciones o reformas a la ley, cuando están mal hechas, se prestan para ser aplicadas de mala manera, y en este caso hasta se pueden manejar como parte de la censura a los medios de comunicación con el pretexto de defender los derechos de autor.

Bastaría una nota de un visitador de que no quiso ser recibido en algún lugar, para que posteriormente se le notifique el proceso judicial a la persona a quien se quiera afectar; ésta sólo se daría cuenta cuando ya se le haya notificado la sanción respectiva, la cual es demasiado grande. La multa prescrita va desde 5 mil hasta 40 mil días de salario mínimo, es decir, de 311,650.00 pesos la mínima hasta 2,493,200.00 pesos la máxima. Se pretende volverla intimidatoria, pero que al mismo tiempo puede generar más corrupción porque seguramente se buscará pagar las súper gravosas multas con “una mordida”.

La iniciativa de la ley presentada por el senador Döring, llamada también “Ley Döring” y aprobada por el Senado el 15 de diciembre, plantea reglamentar las descargas de contenido que se hagan en el internet para “proteger la propiedad intelectual”; pretende también bloquear los sitios donde se comparten archivos, aunque sean gratuitos, conocidos como P2P.

Esto obedece a que, en su opinión, el compartir archivos sin afán de lucro merma la cantidad de ganancias que recibiría el artista o autor, y por ende el Estado recibe menos dinero por los impuestos. Como queda patente, la visión está basada desde un sólo ángulo, ya que también este tipo de intercambio de archivos da a conocer al artista y obtiene una difusión inesperada.

Tras una larga exposición de motivos, la propuesta es la de controlar los sitios web, controlar la información, las imágenes, bloquear o cerrar los sitios que les parezcan no convenientes y, en términos generales, coartar la libertad de expresión y de comunicación entre las personas, por lo cual se asemeja a las leyes SOPA y PIPA.

Bajo el nuevo esquema legal, el IMPI tendría el poder de iniciar una investigación de oficio, sin la petición de ningún afectado. Es decir, sin importar que alguien se lo haya pedido o no, el IMPI podrá iniciar una investigación sobre cualquier usuario de Internet.

Una vez que el IMPI tenga a un infractor en indagación, podría pedir el IP del usuario a la empresa que sea su proveedor de internet, sin ningún tipo de orden judicial de por medio. El IP es la etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a un interfaz, elemento de comunicación/conexión de un dispositivo dentro de una red que utilice el “Internet Protocol”.

El supuesto infractor tiene sólo tres días después de recibir la notificación de que es un infractor para defenderse y declarar que es el dueño de los derechos de autor. De otro modo, el IMPI dictará la sentencia. Para que esto ocurra sería necesario un sistema de vigilancia de la actividad de los usuarios en internet, algo que viola la privacidad (según algunos expertos en redes).

Esto se realizaría mediante una tecnología llamada “deep-packet inspection”, que consiste en una vigilancia del tráfico que viene y va en internet, y que también hace posible la redirección, minado de datos y censura del mismo. Una tecnología que usan los gobiernos de China, Irán y Cuba para tener en vigilancia a los internautas.

Expertos de firmas de análisis de mercados, de la academia, derecho informático, derechos de autor y un representante del Poder Legislativo, en primera instancia desaprueban el espíritu de ACTA y la propuesta del senador Federico Döring, así como las iniciativas del Senado (PIPA) y la Cámara de Representantes (SOPA) en Estados Unidos, pero afirman que aún deben ser discutidas propuestas similares para que todas las partes lleguen a un acuerdo.

¿Ha dicho la UNAM una sola palabra a propósito de las leyes dirigidas a censurar el internet y anular las nuevas libertades de expresión que han surgido en los últimos 15 años?
Tenemos noticias de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la UNAM firmaron un convenio para que 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realicen el monitoreo de noticiarios en radio y televisión durante las precampañas y la campaña electoral. (Milenio, 16-12-2011). Qué bien, la “torre de marfil” toma cartas dentro de la realidad política del país.

Pero, hasta ahora, la institución no ha dicho esta boca es mía en relación con las medidas destinadas a suprimir la libre circulación de opiniones y el libre intercambio de ideas en la red de redes y la supercarretera de la información. Como son las iniciativas de leyes SOPA y PIPA en EUA, y la “Ley Döring” y la suscripción del Acuerdo ACTA por el gobierno mexicano, mediante la aprobación del Senado. ¿Por qué este pecado de omisión?

Aquí, en los tiempos políticos la censura hace mutis
Aunque sólo aquí, porque el presidente Barack Obama firmó, en Japón, junto con numerosos países de la Unión Europea, el acuerdo ACTA. Éste considera imponer sanciones absurdamente desproporcionadas a los “culpables” y permite a los gobiernos entrometerse y desmantelar las redes digitales, presuntamente para combatir la piratería según los dictados de las poderosas industrias cinematográfica y disquera. Aunque ya hay parlamentos que están rechazando este sistema orwelliano.

Apenas este 31 de enero, el columnista Jorge Monroy, del diario El Economista, informaba que la llamada Ley Döring no encontró el apoyo de las bancadas del PRI y PRD, por lo que ese tema no estará dentro de las prioridades de la Cámara Alta para el periodo febrero-abril. Quedará en el congelador, por lo menos hasta septiembre próximo, la discusión de la iniciativa que presentó el 15 de diciembre el senador panista Federico Döring Casar, así como también cualquier legislación similar para regular los contenidos de Internet.

Y luego de seis meses de que varios senadores instaron al presidente Felipe Calderón a no suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificación, manifestaron que no ha habido ninguna respuesta del gobierno, según informó Víctor Ballinas, del periódico La Jornada, el viernes 20 de enero.

Los legisladores advirtieron que se vulnerarían las garantías individuales contenidas en la Constitución y el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico.

El grupo plural resaltó que “la ambigüedad de algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo Comercial Antifalsificación resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del país, y su implementación podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet en la sociedad mexicana, ampliando así la ‘brecha digital’ y (obstruyendo) la posibilidad de que el país se inserte en la denominada ‘sociedad del conocimiento’”.
Por su parte, el magistrado Roberto Martínez Espinosa, presidente de la Sala Regional del Distrito Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró que legislar Twitter y Facebook para las próximas elecciones sería restringir el derecho de los ciudadanos a expresarse con libertad (Excélsior, 11 de enero).

Las Leyes Duarte y Peña Nieto, ¿de la periferia al centro?
El alcalde de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién, solicitó que de cara a los procesos electorales de 2012 los diputados locales aprobaran una legislación para regular las redes sociales.

Afirmó que al conocer la identidad de los tuiteros se podrían fincar responsabilidades, en caso de incurrirse en difamación (Milenio, 2011-11-11). Agregó que así se podría evitar, salomónicamente, la guerra sucia en contra de autoridades y actores políticos. Sin embargo, el congreso queretano desmintió la existencia de cualquier iniciativa al respecto.
No así en el estado de Veracruz, donde el Congreso estatal aprobó una reforma al Código Penal que tipifica como delito la perturbación del orden público, propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Léase el viejo “delito de disolución social”, abrogado a resultas del movimiento estudiantil de 1968. La iniciativa tuvo 33 votos a favor (del PRI) y 14 en contra (del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).

Presuntamente, dijeron, esa medida podría “atenuar” los cargos que pesaban sobre los tuiteros María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de terrorismo y sabotaje por difundir en redes sociales presuntos ataques del crimen, lo que generó pánico en el puerto.

El 18 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos advirtió que la reforma al artículo 373 del Código Penal de Veracruz es contraria a la libertad de expresión que consagra la Constitución Mexicana, además de establecer una pena que resulta genérica y arbitraria contra los ciudadanos de Veracruz.

A unas horas de que se venciera el término legal, la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a las leyes de Veracruz que crean el mencionado delito de “perturbación del orden público”, orientado a castigar con cárcel a los usuarios de redes sociales que difundieran “información falsa” de balaceras y otros hechos de violencia en esa entidad.
Otro hito relevante dentro de esta campaña u ofensiva contra el internet y las nuevas libertades de expresión, tuvo lugar en el Estado de México. A inicios de septiembre del pasado año, los diputados federales del PRI anunciaron que presentarían una iniciativa, que bautizaron como “Ley Peña Nieto”, para castigar con cárcel el mal uso de las redes sociales que pudiera generar terror entre la población y denostar a los políticos en campaña con información falsa.

Con el hashtag #LeyPeñaNieto, la presión de miles de usuarios de Twitter logró frenar la intención del diputado federal David Sánchez Guevara de presentar esa reforma. Como se ve, la dupla PRI-PAN tiene preparada toda la artillería legalista –como ya hicieron con las leyes antiaborto– para lanzar su ofensiva contra la libertad de expresión, de comunicación e intercambio de ideas, de investigación, una vez que hayan pasado los tiempos políticos de las elecciones federales y estatales.

Sólo queda analizar y poner en práctica todas las formas de resistencia civil y social contra los proyectos anti-internet en todo el mundo, y especialmente en nuestro país. La pelota está en el aire, y organizaciones clasistas como el STUNAM y la UNT deben asumir como suya esta tarea de reivindicación de derechos de los ciudadanos y los trabajadores. Y la propia UNAM, como modelo de la inteligencia y el entendimiento científico en México, también debe asumir su papel para rechazar esas intentonas cuando aún es tiempo, no cuando haya que sacar al niño ahogado del pozo del autoritarismo redivivo.

Publicado en el periódico Unión, nº 964 del 8 de febrero de 2012 y nº 965, del 15 de febrero de 2012