REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
21 | 10 | 2019
   

Arca de Noé

De los ultrajes a la autoridad a los ultrajes a la gente


Nezahualcóyotl Luna

En cierta controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia, a través del proyecto del Ministro José Ramón Cossío, consideró atípico y con falta de taxatividad el delito de “ultrajes a la autoridad”, figura jurídica penal por la cual si una persona “…ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa” (ARTÍCULO 287). Al participar en el debate, tanto el Presidente de la Suprema Corte, como el Ministro ponente, abundaron en las razones para proponer la inconstitucionalidad del precepto citado; el primero dijo que por “ultraje” se entendían diversos sinónimos distintos que multiplicaban sus significados. Esto ampliaba tendenciosamente la atribución de la autoridad, pues el ultraje también es referente de la dignidad de cada persona, y diversas conductas podían ser consideradas “ultraje” por el hecho de ser recibidas, entendidas y sentidas por los agentes de la autoridad. En el mismo sentido, el Ministro Cossío abundó en la falta de taxatividad de la norma, lo que redundaba en el capricho de la misma autoridad al aprehender a las personas por dicho delito. Esto, indudablemente, también constituía un serio obstáculo a la garantía de presunción de inocencia, pues tratándose el pleito de la sola palabra del policía contra la del ciudadano, el Ministerio Público se decantaba por la del policía. El razonamiento no amilanó a la Ministra Margarita Luna (ni modo) Ramos, quien en defensa de las ínfulas de la autoridad simplemente dijo que todo mundo sabe lo que es un ultraje y la falta era clara y explícita contra las funciones de la autoridad. No asombran tanto las razones puerilmente oficialistas de la Ministra, sino lo desfasados y tremendamente dispares que están de su convicción y cometido garantista los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Taxa… qué?
La taxatividad es definida por el Diccionario de la Lengua Española como la condición de “taxativo”, esto es, “tasar, limitar. (…) Que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias”. Para los juristas, la taxatividad es una de las características con que debe contar toda ley, esto es, ser entendible, clara, no ser subjetiva, malentendida, mañosa. Se considera también un principio jurídico extraído del viejísimo “nullum poena sine lege; nullum crimen sine lege” del derecho romano, que establece que no puede haber pena ni crimen que no estén previstos en la ley, o sea, deben estar previstos de manera correcta y que no deje lugar a dudas. El principio se aplica en la práctica del derecho penal de dos maneras: cuando se nos acusa de una conducta que realizamos y, si está prohibida por la ley, se nos procesa y sentencia; o cuando se nos acusa de una conducta que no está prohibida, pero la autoridad trata de encuadrar o limitar nuestro actuar y de todos modos nos procesa y sentencia. Obviamente que el ejemplo puede hablar de las dos formas, la buena y la errónea, como se puede aplicar la ley; pero si observamos con atención, también pueden significar las dos posturas enfrentadas defendidas por los ministros y la ministra. Si el delito de “homicidio” (su “tipo”, como se dice en derecho penal) se define como “privar de la vida a otro”, la conducta que se reprocha es “matar”; si el delito de “ultrajes a la autoridad” tiene como conducta reprochable “ultrajar a la autoridad”, para empezar, no queda claro qué es “ultrajar”. El mismo tumbaburros ya citado define como “ultraje” la “acción y efecto de ultrajar”, significando este verbo “despreciar o tratar con desvío a alguien” o “tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad”. Sí, recuerdo que en las novelas decimonónicas, se utilizaba la expresión “ultraje” como sinónimo de violación: “…y fue ultrajada vilmente”. El delito entonces no tiene taxatividad, no limita la conducta que puede realizar el particular con la autoridad, pero sí la amplía y subjetiva, pues se pueden entender no varias sino muchas conductas. Un verdadero ultraje para la ciudadanía.

¿Y qué tenía de malo que el ultraje no fuera taxativo?
El problema no surge de poderse aplicar la ley, sino de que se le pretendía aplicar en todo caso; se convierte en un problema valorativo: no se puede aplicar “bien”, de manera taxativa, la norma penal. No se define correctamente el tipo de ultraje a la autoridad y no se aplica correctamente la tipicidad, es decir, no se encuadra la conducta (que debe ser injusta y culpable) que se le reprocha al probable delincuente con el tipo penal. Y no aplicarse correctamente y de manera generalizada la norma penal es una grave violación estructural de derechos humanos. Resulta que, si se exige prohibir la conducta de “ultrajar a la autoridad” (“violarla”, en sentido decimonónico), esta conducta debe no sólo estar prohibida por la ley, sino constituir una situación de injusticia; que dañe la convivencia social y que pueda ser cometida por alguien en concreto. Pero la palabra “ultraje” definía una conducta que podía ir de lo mayor a lo menor, desde “violación” (como ya vimos) hasta “ofensa”. La conducta de tipicidad de la autoridad, entonces, consistía en adecuar el tipo de “ultraje” a la conducta que la autoridad escogiera como pretexto para detener personas. Los pretextos para la autoridad vienen con las movilizaciones sociales y en México nunca nos hemos negado a improvisar ante el caos. Si resulta que hay un movimiento que tiene como único fin presionar al gobierno con una determinada conducta que se generaliza o acuerdan los activistas (digamos, “grafitear” las paredes), la autoridad verá la manera de que todos paguen el daño en propiedad ajena con la simple orden de que se detendrá a todo aquél que se sorprenda con un cilindro de pintura de aerosol. Éste sería un error de tipicidad: no se ajusta la conducta del probable responsable a lo que establece la Ley, por lo que la autoridad policiaca, con tal de encarcelar a los que presume responsables, extiende la conducta de los particulares a la exigencia de otros tipos penales. De tal manera que si no se me podía comprobar que grafiteé, que cometí tal conducta de dañar la propiedad, de todos modos iría al Ministerio Público a pagar fianza por un delito que, si bien no cometí, sí podía cambiarse por otra tipicidad. Y ese tipo penal “alternativo” eran los “ultrajes a la autoridad”.

Un vistazo a la realidad
En mi práctica profesional no tuve que enfrentarme a la adecuación y aplicación arbitraria del delito penal de “ultrajes a la autoridad” una vez, sino hasta tres veces, lo que me hizo suponer un patrón conductual de la misma autoridad. El patrón conductual se expresó en la misma agencia del Ministerio Público las tres ocasiones, por lo que cerró de inmediato las posibilidades del servidor público que se llamara a engaño: en la agencia que castiga los delitos cometidos en el Metro-STC. Examinemos la conducta de la autoridad. Por aquellos días, ordenó el Jefe de Gobierno el aumento de tres a cinco pesos el boleto del metro, lo que provocó (sonoras mentadas de madre mediante) la reacción indignada de los “pajarillos libertarios igual que los elementos” (Violeta Parra dixit), quienes decidieron no pagar sus boletos. Los vigilantes de las estaciones recibieron órdenes de seguir el horario de quienes se saltaban el torniquete, y redoblaron la vigilancia para capturar en flagrancia, de preferencia, a los estudiantes que lo hicieron cotidiano. Así capturaron en plena comisión de la reprobable conducta a un estudiante de filosofía, pero no por “saltarse el torniquete”, pues ese delito no existe, o por “robo de uso”, sino por “ultrajes a la autoridad”, delito del cual ya vimos el tipo. Los uniformados afirmaron que, al detener al estudiante, éste los insultó y vejó, por lo que decidieron remitirlo, siendo ellos mismos testigos del delito; muy lista, la autoridad policiaca consideró plausible motivar el delito mediante el reproche que se endereza al infractor, ante lo cual a éste no se le ocurre otra cosa que insultar. Lo curioso es que el “delito” no es tal, sino falta administrativa, véase: dice la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal (hoy Ciudad de México):

Artículo 26.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México: (…)
XI. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos…


Por “autorización” podríamos entender la compra del boleto, por lo que es el tipo de falta administrativa que podría aplicarse; sin embargo entendemos la fijación de la autoridad policiaca: no se trataba de que comparecieran ante el Juez Cívico, sino ante el Ministerio Público. Se trataba de escarmentar. En ambos casos se está a sujeción de la autoridad, pero es muy distinto de una a otra; el Juez Cívico, como su nombre lo indica es todavía autoridad “ciudadana”, la otra es la antesala al juez penal. Ahora bien, la instrucción que tenía entonces el Ministerio Público era retener a los que cometieran el “delito” de saltarse el torniquete y dar validez a las afirmaciones de la autoridad sobre su dicho de que fue “ultrajada”, para preparar la consignación. Claro, procedía la simple caución, pero calculada de manera exorbitante ($25,000 pesos m/n), pues la agente del Ministerio Público debió tomar en cuenta que el ya señalado como probable responsable era estudiante con ingresos esporádicos. Eso en caso de que fuera verdaderamente probable responsable, pues como ya se señaló, su “delito” fue haberse saltado el torniquete; pero si los policías habían afirmado que se les había ultrajado (en este caso “consistió” el ultraje en una mentada de madre), no había más qué agregar. Pero el patrón se comprobó semanas más tarde, cuando unas chicas periodistas filmaron tanto la detención y sometimiento de vendedores ambulantes invidentes, como la de su propia detención. Iban en el vagón cuando observaron que unos policías sacaban del mismo a unos vendedores ambulantes, provocando su indignación cuando se percataron que eran invidentes; reclamaron y filmaron la detención y los policías decidieron llevárselas también. Al principio los policías dijeron que se las llevaban por el delito de “resistencia de particulares”, que se configura cuando alguien se opone de cualquier forma a un arresto propio o ajeno, pero al ser tan obvio que las chicas no podían oponerse de forma categórica, lo cambiaron por los “ultrajes”. Quedó claro entonces que ante las conductas que se le presentaban a la autoridad ministerial en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se permutaban por el delito subjetivo del ultraje a la autoridad. Una vez más la autoridad fijó la fianza por una responsabilidad que dudosamente se comprobaba y a unas personas que no tenían en primera instancia la impronta de “ultrajar a la autoridad”.

Según el sapo es la pedrada
La manipulación o utilización discrecional de los tipos penales varía dependiendo de la intención que la autoridad tenga con los sujetos a los que pretende sancionar. Desafortunadamente, la conducta ministerial descrita no sólo connota una tradición “chilanga”, atribuida sin duda al actual Jefe de Gobierno por la simbiosis o acuerdo policía-MP, sino que también se expresa en los estados donde de seguro también se detesta la expresión política de los jóvenes. Uno de ellos es Oaxaca: mientras los jóvenes se dediquen a estudiar, fabricar artesanías, dar clases sin hacer huelgas y a formar ONG’s “pacíficas” (o sea que sólo hacen negocio con el folclor), el gobierno del estado está dispuesto a olvidar que se le pida participación democrática o se le tache de mediocre e ineficiente. De modo que al participar en política -piensa el régimen oaxaqueño- están violentando la seguridad pública, máxime si lo hacen de manera violenta aventando piedras, enfrentándose a la policía, resistiéndose al arresto, lesionado policías, etc. ¿A eso se dedicaban? No, pero de todos modos el gobierno decidió tratarlos como si lo hicieran todos los días y no a propósito de un movimiento social, configurándose entonces la criminalización de la protesta social. No vamos a hablar de ella, más bien vamos a aclarar que durante el conflicto de 2006-2007 lo que se hizo fue acusar de un delito más grave, cuando no alcanzaba el tipo de la conducta, en lugar de encuadrarla en la verdadera conducta cometida, con tal de consignarlo. Nos explicamos: en su afán de procesar a los manifestantes que, agrupados en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), habían adquirido la costumbre de exigir cotidianamente la renuncia del gobernador, la autoridad ejecutiva estatal decidió cortar por lo sano. El 16 de julio de 2007, al impedir la llegada de la “Guelaguetza popular” al Cerro del Fortín, en la ciudad de Oaxaca, se suscitó violento enfrentamiento entre los manifestantes que marchaban exigiendo la renuncia del gobernador y la fuerza combinada de la policía estatal, municipal, bancaria y auxiliar, y ministerial. Al mismo tiempo, aprovechando la confusión, supuestos manifestantes o provocadores pagados incendiaban diversos negocios privados y edificios públicos. Al realizar las decenas de detenciones, a la autoridad le pareció fácil imputarles a los manifestantes no la riña o el enfrentamiento contra la policía, sino la comisión de los delitos de incendio y daños por incendio. Se configuraba la resistencia de particulares, pero maestros, estudiantes y gente común hubieran salido bajo fianza, por lo que se les imputó un delito mayor del realizado. Claro, a la larga fueron liberados, pues nunca hubo maneras de probar los grados de participación que cada quién tuvo en el desbarajuste, pero mientras tanto se dieron el gusto de someterlos, vejarlos, encarcelarlos y humillarlos hasta tres o cuatro semanas después. Se configuraron castigos de hecho, desquites “institucionales”, venganzas privadas desde el poder, sin mencionar las ejecuciones extrajudiciales, en las que hay también buenos ingredientes de terror. La tipificación de la tortura incluye el “castigo” como una variación de aquélla, pues se configura también cuando la autoridad ordena o deja que al manifestante, viandante, grafitero o persona totalmente propia o ajena a las protestas se le castigue vapuleándolo, deteniéndolo de manera violenta o maltratándolo de cualquier forma con motivo de su protesta. Al tipificar toda conducta que le molesta, la autoridad incurre en una incipiente violación estructural de derechos humanos, pues al estar dirigida la ley al público en general, existe una desvirtuación subjetiva y se banaliza el bien jurídico que se dice proteger. El derecho penal se convierte así en instrumento de la política y a la larga su incesante justificación se transforma en “ideología”, que implica “toda creencia adoptada para el control de los comportamientos colectivos” 1, donde pagan los individuos por el comportamiento común, sin que se deslinde su verdadera participación. La valoración del bien jurídico, en este caso el bien común, se identifica por un orden y tranquilidad que consiste básicamente en la ausencia de responsabilidades y exigencias de consideraciones de la autoridad en su trato con los gobernados. Éste sería el dichoso “estilo Mancera”, que tanto enfrentó a los sectores estudiantiles con el Gobierno de la Ciudad y que redundó en la enorme impopularidad que hoy ostenta el Jefe de Gobierno. Las conductas mimetizan a las personas; la interpretación jurídica sesgada mimetiza a las autoridades represoras.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia constituye entonces un verdadero triunfo garantista ante una realidad de seguridad pública deficiente; sin imaginación; con taras severas violatorias de derechos humanos en su actuar; ignorante de sus propios derechos; y, lo peor, sin visos de poder mejorar en el corto, mediano o largo plazos. El seguimiento, difusión y socialización de la información generada en materia de derechos humanos, donde logros como estos se ponderen y aquilaten, será la tónica de progresión de nuestros derechos fundamentales; entreguémonos con fruición a la tarea.

Zaffaroni, Eugenio, Manual de Derecho Penal, Cárdenas Editor, México, 1998.