REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
22 | 07 | 2019
   

De nuestra portada

La locura constituyente


Juan José Huerta

Por las no tan extrañas razones de nuestra corrupta politiquería, se sigue poniendo muchísimo empeño en tratar de inventar de nuevo a nuestro gran país, de embarcarlo en grandiosos proyectos que no ayudan para nada a las metas que debiéramos tener en cuanto a nuestro avance democrático, a un sano desarrollo económico que reduzca la desigualdad y la pobreza y que lleve a la satisfacción de las necesidades sociales y a la solución definitiva de los rezagos y déficits del desarrollo rural y urbano. Así, ahora en esta capital un sector de la clase política y sus interesados apoyos de especuladores inmobiliarios y empresariales nos embarcan, por un lado, en la locura constituyente, en la elaboración y adopción de una “constitución” de “la Ciudad de México“, llevando el ilusionismo a su más alta expresión. Por otro lado, a toda costa y costos, siguen avanzando el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad, con una dilapidación innecesaria de fondos que seguramente rebasarán los 200 mil millones de pesos, mismos que podrían ser dedicados a subsanar las múltiples falencias en la infraestructura y operación urbanas, claro, dejando de favorecer a los grandes contratistas que realizarán el nuevo aeropuerto.
Si ahondamos un poco en la locura constituyente en la ciudad de México encontraremos rápidamente sus deplorables aristas. Para empezar, como muy bien lo expresa Ricardo Pascoe Pierce (y vale la pena citarlo in extenso):

“el proyecto constitucional recogerá la visión del progresismo (que no izquierda) en el poder capitalino… el progresismo separa lo político-social de lo económico. Los maneja como universos con piezas intercambiables a veces, otras completamente separadas… el progresismo calla las críticas a golpe de asistencialismo. Debe entenderse que ése es el canje: apoyos por silencio… en la CDMX, este modelo de gobierno progresista se ha enraizado. El discurso asistencialista domina la escena pública, mientras el valor del suelo es la commodity que el gobierno vende al mejor postor, sin importarle la planificación urbana de largo plazo. La lógica dicta que, como se le ha dado ´tanto´ a la gente, no tiene derecho a reclamar los negocios de la cúpula política. Este método seguramente se aplicará en el caso de la Constitución. Pretende lanzar la narrativa asistencialista y valorativa ´de tercera y cuarta generación´ para encubrir su verdadero interés: mantener una estructura política y decisiones centralizadas, acentuar el desarrollo urbano depredador y excluyente y, por último, excluir la voz ciudadana de la toma de decisiones” (“¿Habrá canje constitucional?”, Excélsior, 25mar16).

Y, claro, con este enfoque --y, como digo yo, en el ilusionismo en su más alta expresión-- se impone re-institucionalizar en la “constitución” de la ciudad todos los derechos que se ocurran, de muy buena fe seguramente, pero como si se partiera de cero, como si los habitantes de esta ciudad estuviéramos desprovistos de toda protección constitucional y legislativa a todos los niveles. Así, Héctor de Mauleón nos informa sobre los derechos hasta ese momento incluidos en los documentos de trabajo elaborados por el grupo de notables encargado de la elaboración del proyecto de Constitución: (“La explosiva Constitución de Mancera”, El Universal, 22mar16):

Sobre democracia y ciudad:
“Las y los ciudadanos tienen derecho a la desobediencia civil como instrumento para resistir la opresión, a votar y ser votados para acceder a cargos de elección popular de la entidad y sus demarcaciones sin necesidad de que sean postulados por un partido político”.
“La libertad de expresión sólo está limitada por el respeto a los derechos de terceros. No constituyen delito o falta las denuncias, críticas o imputaciones contra las personas servidoras públicas por actos desempeñados en el ejercicio de sus cargos”.
“Se reconoce el derecho a la caducidad de los datos que menoscaben la dignidad de las personas, siempre que no versen sobre asuntos de interés público, violaciones graves a los derechos humanos, ni restrinjan los derechos a la información y a la memoria histórica reconocidos por esta Constitución”.
Sobre derechos civiles y políticos:
“Quedan prohibidos y serán sancionados, en toda circunstancia y lugar, la trata de personas en todas sus formas, las ejecuciones sumarias, la tortura, las penas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“Todo individuo tiene derecho a la autodeterminación personal, el ejercicio de su libertad y orientación sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la elección de su identidad cultural, a la asociación afectiva con quien decida, a disponer sobre su propio cuerpo, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y a decidir una muerte con dignidad. Queda prohibida y será sancionada toda práctica que menoscabe el libre desarrollo físico y psicológico de las personas”.
Sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes:
“Todo niño, niña y adolescente tiene derecho:
“A expresar libremente su opinión e intervenir en la toma de decisiones en los asuntos que le conciernan”. “A asumir su identidad de género y expresar abiertamente su orientación o preferencia sexual”.
Sobre derechos de las personas jóvenes:
“Las personas jóvenes de entre 16 y 17 años cumplidos tienen derecho a votar en la elección de autoridades de la Ciudad de México y de las alcaldías”.
Sobre derechos de personas privadas de su libertad:
“Las personas privadas de su libertad tendrán derecho: “A ser tratados humanamente y con respeto”. “A la seguridad alimentaria, al agua potable, al vestido, a la higiene corporal y física; a vivir en condiciones adecuadas de reclusión que favorezcan su reinserción en la sociedad”. “A no ser torturados ni víctimas de otros castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes y al uso de la mediación y la resolución no violenta de conflictos”.
Sobre los derechos de las víctimas:
“Las víctimas tienen derecho a la integración de comisiones de la verdad, aun cuando la violencia derive de delitos federales o sea causada por instancias federales”. “Se atenderá de manera prioritaria a las víctimas de trata, de actos extorsivos, de secuestro, de tráfico de órganos, de personas, de armas o de droga y de todo delito que ponga en peligro la vida de las personas y su integridad física y emocional”.

Hasta aquí lo que informa De Mauleón, pero hay muchos otros proponentes, de buena fe también, que demandan la re-institucionalización específica de muchos derechos, como los siguientes ejemplos:

El derecho de cada persona a un medio ambiente limpio, con acceso al agua, a contar con medios de transporte eficaces y donde el salario digno sea una realidad que permita a sus habitantes tener garantizada la alimentación, la vivienda y la salud.
Es clave que la nueva Constitución se convierta en una oportunidad para que el potencial económico de la ciudad detone en todo su esplendor y armonicemos el derecho a manifestarse, a circular o a no ser dañados.
Asegurar que en la Constitución de la Ciudad de México se incluirán los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas.
Y también: “Fijar como obligación del Estado impulsar los derechos humanos laborales y el diálogo social y productivo mediante el empleo digno, salarios justos y remuneradores, el ejercicio de la libertad de asociación en todas sus formas y la negociación colectiva legítima, haciendo énfasis en su protección contra los actos de injerencia que la limitan y en la importancia de su desenvolvimiento por rama de industria y cadena productiva”. (Arturo Alcalde Justiniani, La Jornada, Sáb. 16).
Preocupado por esta proliferación de propuestas de derechos reglamentarios, Jesús Ortega Martínez señala muy bien que “La Constitución de la ciudad capital no debe ser un catálogo de deseos; no, una suma interminable de aspiraciones; no, un listado de pretensiones utópicas, no, una mitología celestial”. Sin embargo, en este válido afán y al utilizar ejemplos en favor de su argumentación, da a entender que vivimos en el vacío jurídico poniendo por los suelos a toda la institucionalidad mexicana, lo que obviamente me parece excesivo en extremo, pues afirma: “La Constitución próxima de la gran Ciudad de México debiera ser, en varios sentidos, muy diferente con respecto a la Constitución General de la República y las constituciones de las entidades federativas… a diferencia de la actual que rige para el conjunto de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México sí debiera cumplirse de manera estricta y puntual (“De la letra muerta a los derechos plenos”, Excélsior, 29 de marzo de 2016).
Yo no quiero decir con esto que no haya fallas en el cumplimiento de la legislación mexicana y en la seguridad jurídica de los mexicanos; las hay, y graves, pero no obviamente en el nivel de vacío jurídico que implican las frases citadas arriba sobre nuestra Constitución de la República como si ésta fuera nula. Con fundamento en nuestra Carta Magna nada impide que, con una renovada acción ciudadana y sin ninguna necesidad de que queden plasmados en una “constitución de la CDMX”, sean colmados en esta capital, así como en todo el país sin distinción, los derechos humanos evidentemente requeridos para tener una vida digna, lo que debe ser una de las principales guías de acción de cualquier gobierno, junto también a su función primordial de hacer respetar las leyes vigentes.
De esta suerte, a menos de un año de la celebración del centenario de la Constitución de la República, se quiere instaurar en esta capital el engendro de la “constitución de la Ciudad de México”, con la inclusión al detalle reglamentario de todos los derechos habidos y por haber. Parece quererse decir con esa argumentación: ¡Ah, que viva la competencia constitucional, la constitución de la CDMX (con la horrible sigla que crean al respecto) va a estar por encima de la de la Republica y la de todos los estados! No toman para nada en cuenta que México es una Nación unida integrada por 31 estados y un Distrito Federal, y de ninguna manera la suma de 32 “entidades federativas autónomas”, pues el Distrito Federal es la representación de todos los estados y en ese carácter es la sede de los poderes federales.
Pero se impone reflexionar que este modelo cambiaría drásticamente con la “constitución de la CDMX”, pues se instauraría en nuestra república federal el grave conflicto de tener a las 32 “entidades federativas autónomas” compitiendo ferozmente para ver cuáles ofrecen los mejores derechos a sus habitantes. Incluso desaparecería el concepto de capital representativa pues, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, ilustre proponente de la “constitución de la CDMX”, el poder federal será “huésped” de la ciudad de México (Reportaje de Gabriela Romero Sánchez, Alejandro Cruz Flores, Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 26feb16. “Remarcó --señalan los reporteros-- que el Estatuto de Capitalidad, que forma parte de la reforma, es la prueba plena de que ya no somos vasallos del Presidente, sino que son nuestros huéspedes, y como tal tienen derechos y obligaciones que cumplir”).
Mucho mejor se haría si los esfuerzos de negociación política y de costos administrativos y financieros implícitos en la creación de la constitución de la ciudad de México fueran dedicados a la concepción de una innovadora visión de política urbana y a mejorar el lamentable estado de la administración de la misma.
A detener el progresismo asistencialista y la privatización creciente de las funciones de gobierno. A no dividir más al país en irracionales juegos de competencias. Por el bien de la Patria hay que parar esta locura de la constitución de la ciudad de México, producto de los peores arreglos que se hayan visto en la politiquería mexicana. ¡Basta de entretenciones políticas!