REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
16 | 09 | 2019
   

Arca de Noé

Los desafíos de la ciudadanía ciudadana en el tercer milenio


Francisco Turón

El concepto de la definición de ciudadanía en México se encuentra en la delimitación de la “ciudadanía” que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 34 contiene las características que requiere el individuo para poder participar políticamente. Se dice así que, “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I Haber cumplido 18 años, y II Tener un modo honesto de vivir”.
Ahora, la constitución no es un elemento estático, sino el resultado de luchas sociales, que la hacen diferente de acuerdo a los sectores sociales y los tiempos fehacientes de cada período. Por lo tanto la ciudadanía es una condición de los individuos que se expresa en la relación Estado-Sociedad. Requiere de la existencia de un orden jurídico formal que exalta la condición legal que iguala a los individuos ante la ley. Reconoce su pertenencia a una comunidad política representada por el Estado-Nación, y la vigencia de un régimen de derechos que resguarda su carácter de miembros de dicha comunidad. La nación está constituida como comunidad política que a pesar de su andamiaje institucional y marco normativo, permanece en una sujeción real, en última instancia en el Estado-Nación. Las funciones locales del Estado-Nación cuentan con las instituciones para la exigibilidad de la justicia de los derechos de una comunidad política, que tiene un conjunto de prácticas legales, sociales, económicas y culturales, que dan forma a los actores sociales. Estas prácticas son el resultado de la inclusión de los actores sociales en el orden existente, acceso y control de los recursos urbanos, y los derechos reconocidos para quienes están dentro de la ley. Son un correlato del ejercicio de los derechos cívicos, sociales, y culturales en una membresía de acceso al ámbito legal, económico, cultural, y político. La ciudadanía como prácticas y dinámicas de una concepción de asociación política con el ejercicio de derechos de una forma dialéctica entre lo individual y lo colectivo.
En lo sustantivo, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta nuestros días, la noción liberal se ha mantenido extendiéndose a nivel global. Sin embargo, la ciudadanía significa distintas cosas para los distintos actores sociales y políticos. Tenemos que ir más allá y asumir que es precisamente esta polifonía lo que implica que existan prácticas ciudadanas desiguales. No debería extrañar entonces, que la interpretemos más como un medio, que como un fin. Y como alternativa para transformar las relaciones de poder; esa es la principal diferencia con respecto a una definición estática de ese concepto. ¿En los contrapesos sociales a la ciudadanía se le ve de una forma crítica o estandarizada? ¿Qué papel han tomado las autoridades en los sistemas de convivencia ciudadana? Lo cierto es que no estamos caminando en una ruta de gobernanza. Todo el diseño de crear normas específicas y los instrumentos para canalizar la energía ciudadana, parecen haber fracasado ante el papel del Estado como garante de la Constitución en el marco de la actual crisis del régimen político. Estamos los ciudadanos sobre una bicicleta estática: mucho pedaleamos y no avanzamos. Por eso, uno de los retos consiste en una acción febril a corto plazo, o en tener una estrategia sostenible con procesos sociales alternativos de la movilización de la ciudad. Movilizar a la gente para que activemos un dispositivo de movilización ciudadana que transcurra con coyunturas específicas: generar un vínculo con la gestión de la participación y el empoderamiento ciudadano, a través de los movimientos sociales. La percepción de ciudadanía no es sólo ideológica: la política es gente. Y la gentrificación, es en sí misma, una adquisición de los derechos globales, en una acción ciudadana fragmentada. La distribución de competencias es una relativización del mercado entre las fuerzas globales y los Estados locales. El derecho a la ciudad se da en un despliegue muy amplio de ciudadanía sustantiva. Al dar cabida a los poderes, hay coaliciones de intereses poderosos, ante los cuales, los gobiernos fungen sólo como coordinadores y/o facilitadores con los actores sociales. Esto resulta una fuerte influencia con las políticas que se negocian con los poderes globales de una economía política de impacto pernicioso. Por ejemplo, el despliegue de prácticas y actores de ciudadanía informal como los migrantes, que controlan barrios específicos que luchan por la expropiación en la defensa del territorio vs la morfología urbana que los desplaza del territorio. O la globalización de las ciudades con una urbanización que transite en lo social, lo económico, y lo político, en un mercado interno de exportaciones e importaciones. El paso de una ciudad centralizada a una ciudad descentralizada, por los movimientos sociales que descentralizan sus luchas.
No obstante, la cooptación de las élites políticas en la logística participativa, y la acumulación por desposesión, han abierto una confrontación con la ciudadanía. Esto se ha trocado en un factor de ingobernabilidad y desequilibrio de los derechos civiles sobre los sociales. Hay que pensar en la ciudad como la defensa de lo público para no perder el horizonte. Todas las administraciones entregan la ciudad al capital privado, mientras que la lucha social de la ciudad está enfocada en convertirla en un bien público. Hay que reducir el papel del sector privado en la ciudad. La reducción de inequidad se da con el intento de acoplar a la ciudad con operaciones de limpieza social y de turistización de los espacios públicos. Los ciudadanos con implicaciones de estas perspectivas comparativas longitudinales, cambian el estilo de gobierno para transformar el papel del Estado. Las actividades y acciones colectivas en una visión común de un cambio estructural con nuevas geografías, fomentan la participación ciudadana en las estrategias urbanas.
Los procesos de modernización de cambios sociales y la participación del Estado en el ámbito de la política de pertenencia, tienen la tarea de reconstruir la ciudadanía con una justicia social de abajo hacia arriba. El reto es conjuntar lo social y lo político, para defender programas con modalidades de los derechos de la ciudadanía con una noción hegemónica formal: membresía legal reglamentada, orden institucional, e igualdad ante la ley. Diseñar instituciones políticas para transformar la cultura ciudadana en gestión pública, y así garantizar los derechos sociales con espacios de concentración y construcción ciudadana.
Cabe preguntarse por el horizonte de la recuperación de un Estado tutelar que no existe actualmente: ¿Cómo pensar que el Estado-Nación es capaz de fungir como un aliado ante los embates de los desafíos de las fuerzas globales?
La posibilidad de los ciudadanos de transformar su participación radica en los cambios de los modelos de ciudadanía. Hay un referente formal al hablar de la ciudadanía-ciudadana en plural. El derecho a la movilidad por la ciudad implica dejar de hablar de la ciudadanía, para hablar de las ciudadanías.