REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
22 | 05 | 2019
   

Arca de Noé

Recuperar la gobernabilidad en la democracia


Francisco J. Carmona Villagómez

“Vivimos en democracias sin demócratas, en la cual
los ciudadanos no ejercen su tarea de ciudadanos…”.
Ralf Dahrendorf

En el Estado democrático, a diferencia de los regímenes totalitarios, de las democracias ineficientes (Morlino) o las democracias ingobernables o fallidas (México), se debe anteponer en primer lugar el Estado de derecho.
Antes que pensar en las reformas económicas, el Estado debe garantizar la seguridad de sus habitantes, el ejercicio de derechos y libertades, es decir, la gobernabilidad democrática. Esto es, el Estado debe ser gobernable (eficiente y eficaz), para perdurar, por ello necesita ser democrático, inclusivo y sustentable, ya que sin la participación de la sociedad, el Estado es débil y los gobiernos actúan por coyunturas, en el corto plazo, sin visión de futuro, donde los esfuerzos sociales son difusos y se premia al individualismo porque colectivamente no hay resultados.
En este contexto, no existe posibilidad de desarrollo, si no hay un orden Constitucional que a largo plazo garantice la estabilidad social, una idea de nación que genere expectativas de desarrollo a la población y que dé sentido a los sueños e ideales de las nuevas generaciones.
También, es necesario diseñar los mecanismos que permitan la existencia de pesos y contrapesos del poder, así como la necesaria distribución de los ingresos para que exista entre los ciudadanos la percepción de equidad e igualdad -la sana medianía. Establecer los instrumentos deliberativos para crear los consensos y las reglas del juego democrático, donde las minorías y las oposiciones no lo pierdan todo y tengan la posibilidad de erigirse en mayorías, por lo que tengan los estímulos necesarios para participar con responsabilidad (Przeworski).
Crear un sistema en el que los gobernantes se sostengan por su legitimidad de origen y de acción, donde el ciudadano común adquiere relevancia a partir de su incorporación en el diseño de políticas públicas y no únicamente en el ejercicio de un sufragio desinformado y clientelar.
Los nuevos retos para las sociedades democráticas, inciden en la calidad de respuestas de sus respectivos gobiernos, por eso los problemas de antaño dejan de ser en dimensión, los mismos que los desafíos de nuestros días. Por ejemplo, lo que hace algunas décadas era un problema de salud pública -el tráfico de drogas- ahora es un problema de seguridad nacional, lo que en igual sentido era un problema de mercado pasa a ser el factor determinante de la economía de una nación.
Es necesario, por lo tanto, reducir el clima de inseguridad y de alerta, para evitar en lo posible “el despertar del estado de naturaleza de Hobbes”, cuando el contrato social deja de tener sentido, cuando el mercado caricaturiza al Estado, cuando el pacto democrático y los instrumentos de la política se desvirtúan y se utilizan no para efectos civilizatorios, sino para sostener intereses y beneficios individuales, para evitar que la ingobernabilidad aparezca con su crudeza y su sentimiento de desprotección, motivando a que los seres humanos se conviertan en animales y actúen irracionalmente, devorándose los unos a los otros.
A lo largo de la historia, la crisis de gobernabilidad 1, han aparecido por conflictos sociales que no han sido resueltos por el Estado, estos no responden a una sola causa ni se presentan de manera aislada. Tampoco tuvieron su origen después de la posguerra en las sociedades desarrolladas de occidente como se diagnosticó en el Informe de la Comisión Trilateral, por el contrario, la crisis de las instituciones, las economías y las sociedades, han ocurrido en distintos momentos de la historia. Ha sido una constante que las distintas civilizaciones han tenido que resolver, algunos hechos se agravaron en el paso de los tiempos y las sociedades tuvieron que adaptarse y modificar sus valores, creencias y formas de organización. Esa situación de amenaza y de racionalización de los conflictos, no sólo tuvo que ver con situaciones de producción y comercio específicas a partir de la óptica de los países poderosos, sino por el contrario, los flagelos de la violencia siempre han afectado más a las naciones débiles y por tanto, inestables, algunas de ellas, se sobrepusieron, otras dejaron de existir.

La gobernabilidad y la forma de resolver los problemas ha sido parte de nuestra historia, desde que el hombre asumió los retos de vivir en sociedad, organizarse y darle al poder un significado civilizatorio. A partir del pacto social y las constituciones democráticas, se ha asociado el valor legitimidad, el consenso y la participación, así como los contenidos éticos del poder, los fundamentos que tejen la estabilidad y la viabilidad de las naciones. Por eso, al atender los problemas de gobernabilidad, no puede disociarse como si fueran dos conceptos distintos, la gobernanza (eficacia) y la democracia, por lo contrario, lo ideal es construir democracias eficientes (Morlino).
Para el pensamiento democrático, los problemas de gobernabilidad tienen que ver con la erosión de la legitimidad de los sistemas políticos, la incapacidad de la clase gobernante para enfrentar los problemas y, sobre todo, por no encontrar la forma de involucrar y responsabilizar a la sociedad en la atención de sus necesidades inmediatas.
Es necesario restablecer el equilibrio entre el ejercicio del poder y la distribución de responsabilidades, en el marco de la preservación del régimen democrático. La restauración de ese equilibrio requiere la colaboración de los distintos sectores para utilizar sus respectivos espacios de poder en forma responsable, lo cual involucra no sólo a los gabinetes, parlamentos y partidos políticos, sino también a los medios de comunicación, sindicatos, empresarios y grupos organizados de la sociedad.
En consecuencia, el incremento de la autoridad política, la redistribución del poder y la participación más directa de la ciudadanía al asumir nuevas responsabilidades, puede ser parte de la solución a los problemas inmediatos en una perspectiva de solidaridad 2 y provecho mutuo.
Hasta ahora hemos utilizado el concepto de gobernabilidad, pero no hemos delimitado sus alcances, por ello podemos decir que significa la capacidad de gobernar y que las decisiones de la autoridad sean acatadas, esto es, que exista una relación de dominación. Como sostenía Weber, toda relación de dominación, está basada en la creencia de que el mandato de las autoridades debe ser acatado porque de alguna manera es legítimo.
Sin embargo, la dominación mantenida por la fuerza y la violencia no basta, sino que debe haber un componente de legitimidad, de aceptación. Si esto no ocurre, resulta imposible aplicar la fuerza todos los días y sobre todos, pues la dominación sería inestable y, tarde o temprano estaría justificado el levantamiento social (Przeworski). De esta manera, asegurar la gobernabilidad en un régimen autoritario implica justificar el uso de la fuerza y los altos costos sociales del sometimiento de un grupo de personas. Por ello, es muy importante distinguir entre una gobernabilidad autoritaria y una gobernabilidad democrática. La gobernabilidad democrática es más compleja, demanda más tiempo de maduración, porque requiere la satisfacción de otros requisitos, tales como la participación política, el respeto a la ley, la rendición de cuentas y, sobre todo, la ampliación o progresividad de los derechos.
Para garantizar la gobernabilidad democrática, el gobierno debe en primer término ganar limpiamente las elecciones y que éstas sean auténticas, conseguir apoyos, satisfacer demandas y formar consensos democráticos. Un buen gobierno no puede sustentarse en la imposición de sus decisiones, sino en la búsqueda de consensos, sumando posiciones diferentes en torno a decisiones comunes, ya que una decisión consensada es más estable y duradera que una decisión impuesta.
Sobre todo, considerando que desde sus orígenes, el término gobernabilidad se ha desarrollado alrededor de dos concepciones opuestas: la primera, ligada a la esfera de la ética cuya guía es la noción de justicia, lo que necesariamente implica una reflexión en torno a la legitimidad del ejercicio del poder; y, la segunda, ligada a la esfera de la eficacia, en donde el ejercicio del poder debe tener la capacidad para alcanzar objetivos al menor costo posible. Junto a esas dos acepciones, surge una tercera, que refiere al problema de la estabilidad 3.
Por lo tanto, “la eficacia en la acción de gobierno y legitimidad social se combinan en un círculo virtuoso de gobernabilidad, garantizando la estabilidad del sistema político; mientras que la ineficacia gubernamental para el tratamiento de los problemas sociales y la erosión de la legitimidad política generan un círculo vicioso que desembocará en situaciones inestables o de ingobernabilidad” 4.
Así, un sistema político será gobernable mientras tenga más capacidad de adaptación y flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, pero ello no implica que se tenga que seguir modelos democráticos impuestos, excluyentes y sin eco en la realidad de cada una de las sociedades.
Guillermo O´Donnell 5 habla también que las dimensiones culturales de la democracia se despliegan en distintos ámbitos de la vida social. Es decir, no se agotan en la democracia electoral, sino que contribuyen a remediar asimetrías injustificadas de poder o diversas formas de dominación, dota a las personas de más capacidades y mejores opciones, incrementa sus derechos sociales y civiles, y habilita el florecimiento de una sociedad abierta, plural y tolerante; por lo tanto, se acerca al ideal de justicia. En ese contexto, podemos afirmar que la democracia opera como una especie de patrón básico de justicia 6.
Cada sociedad tiene sus propios valores de democracia, gobernabilidad y justicia, estos no se pueden imponer de facto porque no hay un único “modelo democrático a seguir” y, por lo tanto, la justicia en democracia varía en razón de cada idiosincrasia, en contextos y referentes culturales distintos, por ello, se puede afirmar, que en cuanto a la democracia y la gobernabilidad es imposible que haya paradigmas. Por eso, es insostenible la visión de Francis Fukuyama, al afirmar “el fin de la historia”, o la concepción omnímoda de democracia a partir de la visión occidental.
Por eso, las democracias admiten grados y plantean tensiones entre las exigencias de unos u otros valores que en una sociedad conviven, por lo tanto, también el valor de la justicia es incompleta pero perfectible. Así, como lo señala Morlino 7, más que certificar la calidad de la democracia, lo que debe aspirarse es a prevenir su regresión. En otras palabras, en un primer término, más que hablar de consolidación, se deben propiciar condiciones para evitar la regresión autoritaria o el retorno de los grupos violentos en el poder.
Por ello, se dice que “sin la acción de un Estado vigoroso, no hay derecho, ni libertades, ni gobernabilidad, ya que un Estado débil amenaza la libertad y la seguridad de las personas 8”. Por eso es necesario preservar su primacía, integridad y eficacia, salvaguardando la estabilidad como una condición de su gobernabilidad.
Un componente clave de la calidad de la gobernanza democrática radica en el buen funcionamiento del Estado. La democracia se ha convertido en modelo de “buen gobierno”, pero también los conflictos vienen determinados, no sólo por carencias, ni por escasez de recursos, sino en buena medida por problemas de gobernabilidad, legitimidad o fragilidad de los Estados. De ahí que, en parte, la solución de algunos de esos problemas se vincule al fortalecimiento de las instituciones del Estado, haciéndolas económicamente viables para que garanticen los derechos, regulen jurídicamente la resolución de los conflictos y dispongan de mecanismos eficaces de control y distribución del poder.
Los problemas de gobernabilidad democrática surgen cuando el Estado deja de ser la instancia máxima de coordinación de los esfuerzos sociales, desbordando la institucionalidad del sistema político, a través de los múltiples intereses que implican satisfacer los intereses de los poderes fácticos. Los desafíos de la gobernabilidad no sólo provienen de la saturación de demandas sociales, sino en la necesidad de corregir y perfeccionar la acción de las instituciones frente a los poderes fácticos que buscan capturarlas.
NOTAS
El Estado enfrenta una crisis de gobernabilidad cuando se ha roto el consenso que lo sustenta. La teoría liberal (John Locke) propone que la causa que justifica la ruptura del pacto es la violación de los derechos fundamentales. A partir de entonces, la función del Estado no será únicamente brindar seguridad y paz social, sino por el contrario, deberá contribuir a restablecer esos derechos fundamentales y el concepto de vida digna, ya que las personas tienen derecho a resistir a los mandatos o a desconocer las instituciones estatales si es violentado el llamado coto vedado. En este caso, las instituciones han perdido su legitimidad por lo que se puede verificar una situación de ingobernabilidad que pone en riesgo la viabilidad futura de la estabilidad del Estado.
2 El valor de la solidaridad no debe entenderse como un buen sentimiento que acompaña a la justicia para perfeccionarla o que acompaña al otro en su sufrimiento. La solidaridad con el que sufre resulta vacua si no existe la voluntad de remediar la situación, reconociendo sus necesidades básicas y posibilitando una distribución más equitativa de los recursos. El deber de solidaridad contribuye a la eliminación de formas de discriminación y a la protección de minorías y sectores de la población marginados, lo cual implica acciones paternalistas por parte del Estado plenamente justificadas. Vázquez, Rodolfo, “Cultura Política y valores liberales”, ponencia dictada en el Diplomado Internacional sobre Derecho Constitucional y Democracia, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mimeo, México, Distrito Federal, 29 de septiembre de 2007.
3 Ancira García, Andrea. Gobernabilidad y Democrática en América Latina. Organización de Estados Americanos, Secretaría de Cumbres de la Américas, Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), Concurso de Ensayos, México, Octubre 2003, p.2.

4 Camou, Antonio. “Gobernabilidad y Democracia”, op. cit., p. 23.
5 O'Donnell, Guillermo, “Human Development, Human Rights, and Democracy”, en The quality of democracy. Theory and Applications, O'Donnell, Vargas y Iazzetta, eds., University Of Notre Dame Press, 2004, p.p. 9-92.

6 A todo modelo de democracia subyace una concepción básica de justicia como sustrato de su fundamento, razones y caracterización, todo lo cual condiciona sobre manera los criterios e indicadores de su calidad. Vargas-Machuca, Ramón, “Justicia y democracia”, en Teoría Política: poder, moral, democracia, Arteta, Aurelio, Elena García Guitián, y Ramón Máiz, eds., Alianza, Madrid, 2003, p.p. 167-195.
7 Morlino, Leonardo. “The quality of Democracy: Improvement or Subversion?” (Mimeo). Ponencia introductoria del Symposium sobre “La calidad de la democracia”, celebrado en el Instituto de Estudios Internacionales de Stanford, California, Estados Unidos, 2003. Buena parte de las intervenciones del mismo aparecen en el texto de Diamond, Larry y Leonardo Morlino, Assessing the Quality of Democracy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005.
8 Holmes, Stephen y Carl Sunstein, The Cost of Rights. Why Liberty Depends of Taxes, Norton, Nueva York, 1999, p. 14.