REVISTA DIGITAL DE PROMOCIÓN CULTURAL                     Director: René Avilés Fabila
21 | 08 | 2019
   

Arca de Noé

El ejercicio del poder y su significado democrático


Francisco J. Carmona Villagómez

Quizás la mayor obsesión que ha sentido en carne propia la humanidad, es tratar de encontrar una explicación al fenómeno del poder y encontrar la forma de limitar sus excesos. Ya sea por su ejercicio irracional como una manifestación del uso de la fuerza en un mundo en caos y violencia, o como la proyección de la inteligencia para deliberar y llegar a acuerdos que limiten o sometan los vicios de la naturaleza del hombre y su voraz ambición.
En otras palabras, preferir una expresión del poder que garantice a las personas una coexistencia pacífica sin arriesgar o perder todos sus derechos y libertades fundamentales y, al mismo tiempo, estar en posibilidad de acordar las reglas de convivencia o el método más apropiado para gobernarse, a través de recíprocas concesiones, para disminuir los costos de vivir aislados e integrar un espacio público “en sociedad” para poder enfrentar, a través de un sistema de normas e instituciones las contrariedades de la vida diaria.
En ese sentido, ¿cómo puede ese espacio público dominar los impulsos del poder y darle un sentido civilizatorio?, ¿cómo lograr que las personas se sientan representadas para cubrir una serie de expectativas y necesidades más apremiantes?, ¿cómo garantizar su seguridad y el cabal ejercicio de los derechos y libertades de las personas, así como su bienestar?, ¿cómo establecer instituciones cuyo propósito sea garantizar a las personas una vida digna?, cuestionamientos que en el mundo de los humanos y las bestias son las principales razones que los hacen diferentes.
Máxime si consideramos que en el mundo del caos son tres las principales amenazas que experimentan los seres humanos: a) la falta de futuro al sentirse marginados del cobijo de los otros, por el rompimiento de los lazos de solidaridad o el sentimiento de vulnerabilidad y riesgo; b) el “despertar de la bestia” o la ambición extrema que manifiestan los individuos para subyugar y marginar a los otros, para justificar el egoísmo y la acumulación sin límite de las riquezas y bienes materiales; y, c) el miedo a perder o desconocer la esencia de sí mismo, el quebranto de la dignidad, al enajenar las libertades y los derechos, ya sea por conquista, dependencia económica o simplemente, por miseria y falta de oportunidades.
Frente a esas amenazas, el hombre desde tiempos inmemoriales en todas sus cosmovisiones, aquí encuentra sus principales desafíos y, también, por qué no decirlo, el mayor enigma a resolver. Enfrentar la idea del “darwinismo”, donde sólo sobrevive el más apto y el más fuerte, para contraponerse a la absurda tesis que se sostiene en el discurso de la competencia en el libre mercado y el capitalismo salvaje, a lo que Francis Fukuyama denomina la “acumulación sin fin”1, que en su lógica busca eliminar o alienar a los más débiles, contrariando toda noción de un orden justo, digno y democrático.
Por eso, ante los excesos del poder, algunos filósofos liberales y contractualistas plantearon, a partir de Hobbes, Locke y Rousseau, la importancia de la acción del Estado como una especie de garante del pacto social, con el propósito de redimensionar el ejercicio del poder en razón del consenso y la representatividad, el gobierno donde los ciudadanos no abandonan la posibilidad de volverse a congregar y sustituir a sus representantes, a través de los comicios, o bien, del ejercicio permanente de la rendición de cuentas y, dado el caso, si se vulneró la confianza, revocar el mandato por los extravíos de quienes ejercen el poder.
Pero, igualmente, recuperar la noción del respeto al soberano legítimo y a las normas, porque como ha expresado Emmanuel Kant: “Aún en el mundo de las bestias, éstas buscan tener leyes que los hagan aparecer en comunidad como seres distintos a su brutal naturaleza”.
Si bien, a lo largo de la historia, las ideas de democracia y libertad han caminado de la mano, la primera defendiendo la igualdad y la segunda refrendado los derechos fundamentales de las personas. En nuestros días, los excesos que suceden en nombre del libre mercado y la visión hegemónica del poder han puesto en riesgo una parte fundamental del pacto social que refrendan los sistemas democráticos, particularmente en tres aspectos: a) la satisfacción de necesidades materiales mínimas que hacen posible el bienestar y la dignidad de las personas; b) la noción de seguridad; y, c) el principio de solidaridad que debe estar vigente en el proceso de maduración de las sociedades democráticas.
Frente a ello, se ha llegado a la conclusión de que la única forma de conservar la viabilidad de la democracia, es garantizando que todos los individuos por medio del voto tengan cierto grado de participación en el gobierno, o en su defecto, puedan manifestar su inconformidad frente a las decisiones públicas. Quizá se ha pensado que este sistema de gobierno sea el único que se acerca al ideal kantiano de ser súbdito y soberano en una república de fines 2; sin embargo, las realidades económicas han forzado a que el concepto de democracia se amplié y se llene con contenidos sociales, para dejar que las calidades de vida únicamente sean una ilusión para los desposeídos.
Por lo tanto, la primera exigencia para conseguir este propósito es la representación plural de la sociedad, con la promesa de que se consiga el empoderamiento de los ciudadanos para que tengan la fuerza suficiente de cabildeo y de opinión, y con ello participen en la toma de decisiones.
Para Bobbio, el asunto de la democracia no sólo es un problema de mayorías o la existencia de un marco legal que acredite la existencia de reglas y procedimientos electorales, sino de contenidos y garantías que permitan a las personas una noción básica de dignidad, tanto en el ejercicio de los derechos fundamentales (reunión, opinión, expresión y asociación) como en la posibilidad de un reparto armónico de los bienes y las riquezas, que sólo pueden ser practicados en el seno del Estado liberal y del Estado Constitucional, aquel que prevé que el ejercicio del poder no únicamente debe estar sometido a la ley, sino que además ha de estar limitado por una serie de principios constitucionales 3 que permiten una visión integral de las personas.
Si bien, esta vertiente de la democracia permite someter todos los intereses de la sociedad a la competencia política 4, también los coloca en equilibrio, en cumplimiento de estándares de calidad que deben ser observados para tener democracias reales y no sólo procedimientos electorales. Esto es, sitúa a los intereses de los distintos grupos organizados y de poder en una situación de incertidumbre 5, porque el derrotero de la competencia política no es predecible, como tampoco lo es la viabilidad de un producto en el mercado, donde por decreto no se puede saber de antemano quién gana y quién pierde, o bien, qué producto es apreciado o depreciado por sus calidades o sus defectos, ni tampoco se puede asegurar que el que pierde estará siempre destinado a fracasar en contiendas futuras. No se trata pues de monopolios o privilegios diseñados de antemano, de reglas a modo que sean favorables a las oligarquías tradicionales, sino a la posibilidad de que se premie o se castigue a los gobernantes en razón de los resultados o beneficios colectivos.
Por eso, el paso decisivo hacia la democracia, no sólo consiste en el método para determinar preferencias en los comicios, éstas pueden ser vanas y muchas veces rebasadas por el propio contexto social al momento de decidir y expresar las preferencias electorales. Por eso, siempre ha de cobrar relevancia, no sólo la calidad del árbitro en la competencia, sino también los contenidos, es decir, el cúmulo de decisiones políticas que expresan los idearios y plataformas, por una parte y, también, el compromiso que tienen los grupos en disputa en cumplir sus promesas y materializarlas en beneficios sociales.
De esta forma, la democracia puede ser vista como un fenómeno de poder para contener los excesos del poder mismo, que trasciende muchas veces al deber ser para soportarse en los hechos de la realidad cotidiana, en cuya realización se expresan los posicionamientos de las elites y los grupos organizados de la sociedad, que han de ser recurrentemente limitados y nuevamente pactados, a fin de resolver sus divergencias dentro del marco de la Constitución, para evitar que la jauría de lobos se den un festín devorando las débiles estructuras del Estado y sus instituciones.
Sin embargo, la democracia carecería de sustancia si no garantizara una suma de derechos fundamentales que deben ser inalterables, y que estén por encima de las veleidades de la competencia política, incluso de las propias realidades económicas. En resumidas cuentas, al margen del método y las normas de competencia electoral, la sustancia fundamental de toda explicación posible acerca del poder lo deben constituir los derechos fundamentales, la serie de principios que le permiten a las personas mantener su libertad y acceder a mejores condiciones de dignidad y bienestar.
Para algunos autores como Schumpeter, la competencia en el ámbito político presenta conflictos similares al de competencia en la esfera económica del mercado, pues ésta nunca es perfecta y, por lo mismo, no excluye la posibilidad de que se presenten fenómenos que puedan ser calificados como ilegítimos, que vulneren los fundamentos sobre los que se construye el Estado y el propio mercado, ya sea por un exceso de ambición, o por quebranto de las reglas mínimas del juego, mismas que si no las limitáramos de alguna forma, se generaría el caos, dado que el mercado no es democrático porque se sustenta en el desequilibrio y no produce igualdad, por eso el arte de la política consiste precisamente en equilibrar los desajustes del poder y del mercado.
Si bien, autores como Hayek o Maquiavelo, no recomendarían a los príncipes o los financieros, compartir las ganancias o el ejercicio del poder frente a sus adversarios, lo cierto es que reivindicar una visión humanista del poder crea frutos de prosperidad y armonía que a largo plazo a todos conviene. Por eso creo que en democracia debe haber un orden superior de responsabilidad que le dé viabilidad al Estado para que se reivindique un mayor beneficio para las personas.
Aunque el Estado ha sufrido transformaciones importantes para responder a distintas necesidades, tanto en su organización como en sus capacidades institucionales, adquiriendo formas intervencionistas (Estado benefactor) y liberales 6. Esto no significa que deba replegarse y abandonar ciertas áreas de intervención económica, ni abdicar de sus facultades reguladoras y normativas.
Sobre todo, tomando en cuenta que el Estado moderno se creó para que fuera un agente regulador del mercado con un triple objetivo 7: a) para distribuir los bienes por medio de los instrumentos de política económica; b) erigirse en garante del crecimiento económico; y, c) encauzar las relaciones sociales en la lógica de un Estado democrático de derecho.

NOTAS
Cfr. Fukuyama, Francis. El fin de la historia y el último hombre, editorial Planeta, México, 1992.
2 Según Schumpeter, el método democrático es un arreglo institucional para alcanzar decisiones políticas que ayuden a lograr el bien común y que permita a las personas que decidan por sí mismas en ciertos asuntos mediante elecciones individuales, las cuales en conjunto les ayudarán a realizar la voluntad colectiva.
3El Estado liberal no solamente es el supuesto histórico sino también jurídico del Estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático han sido interdependientes en dos formas: a) en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático, y b) en línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. En otros términos: es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia y, por otra parte, es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. Bobbio, Norberto, El futuro de la Democracia, traducción: José Fernández Santillán, Fondo de Cultura Económica, Segunda edición, México, 1984, p. 26.
4 Przeworski, Adam. Democracia y Mercado, Cambridge University Press, Inglaterra, 1995, p.16.
5 Las instituciones democráticas confieren un carácter temporal a los conflictos políticos. Ofrecen una perspectiva de largo alcance a los distintos actores, que les permite pensar en el futuro en vez de preocuparse exclusivamente por los resultados presentes. Las fuerzas políticas aceptan sus derrotas porque están convencidas de que el marco institucional que organiza la competencia democrática les permitirá avanzar en la consecución de sus intereses en el futuro. Przeworski, Adam, op. cit., p. 30.
6 El neoliberalismo es la versión extrema de la economía de mercado, donde el capital adquiere centralidad como factor predominante en el proceso productivo. En esa lógica quedan inscritas las políticas de privatización y desregulación que pretende ampliar el desenvolvimiento del capital para que éste se desarrolle plenamente. Bajo esa lógica se flexibiliza a las instituciones, se reordena la esfera estatal en aras de propiciar la articulación orgánica de la dupla Estado-mercado. El Estado únicamente es un ente con capacidad para garantizar y ordenar los procesos económicos y la democracia es sólo un método que propicia las condiciones para la legitimación del poder, aunque sus contenidos estén acotados.
7 La intervención del Estado en la actividad económica ha sido un tema controvertido en cuanto a su rol como agente económico garante de condiciones equitativas. Para Keynes, el papel del Estado cobra relevancia cuando de manera justificada interviene en los procesos económicos, a través de un conjunto de instrumentos de política económica, por medio de los cuales se pretende tener injerencia en la regulación y formalización de las reglas del juego económico. Al asignársele este papel al Estado, hace pensar que éste tiene la capacidad de generar beneficios en ciertos grupos sociales, lo que conduce a plantear la no neutralidad del Estado en su papel distributivo. El Estado de Bienestar se muestra como la crítica hacia los procesos económicos deshumanizados, inflexibles, omnipotentes y omnipresentes; es una aspiración a la equidad y un llamado a romper con estructuras de mercado de corte circular, impersonales y vasallistas. Manuel Castells plantea que “… la intervención del Estado, democratiza y articula a las sociedades, dinamiza la economía y hace posible que las personas se sientan individuos con futuro y ciudadanos con derechos en la práctica”. Castells, Manuel. “El futuro del estado de bienestar en la sociedad informacional”, en Salvador Giner, et. al., Buen gobierno y política social, Editorial Ariel, Barcelona, 1994, pp. 173-177.